Corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios: Un desafío hacia la igualdad de género en las zonas rurales

Introducción

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, conmemorado cada 15 de octubre, reconoce la contribución de las mujeres a las áreas rurales. En las Américas, las mujeres rurales son una pieza clave en los sistemas agroalimentarios, contribuyendo a la seguridad alimentaria (ONU Mujeres 2012) y contribuyen en mayor medida a la adaptación al cambio climático y a que sus comunidades incrementen sus niveles de resiliencia (FIDA 2022).

Abordaremos en este artículo cómo la falta de corresponsabilidad agrava las desigualdades de género en las áreas rurales de las Américas y cómo un enfoque más equilibrado, donde todos los actores asuman su parte de las responsabilidades, podría fomentar un sistema agroalimentario más justo y sostenible.

La corresponsabilidad en el marco de los sistemas agroalimentarios

Una definición ampliamente utilizada de corresponsabilidad es la que hace alusión a la corresponsabilidad familiar, término que puede definirse como la distribución equilibrada entre los hombres y las mujeres de las tareas de cuidado. Sin embargo, definiciones como esta, aunque enfatizan la necesidad de un reparto equitativo de las responsabilidades dentro del ámbito familiar, omite no solo el resto de los ámbitos fuera del reproductivo, como el comunitario o productivo, sino que, además, no aborda las implicaciones que la falta de corresponsabilidad en el ámbito familiar puede llegar a suponer. De igual forma, no considera la influencia del mercado y las políticas públicas, es decir, resulta incompleta si se desea introducir el término en el marco de los sistemas agroalimentarios. 

Partiendo de una visión más amplia, de sistema, se considera a la corresponsabilidad como un enfoque integral, la cual, busca distribuir equitativamente las responsabilidades del cuidado entre el Estado, el sector privado, las organizaciones y las familias, con el fin de reducir la carga que históricamente ha recaído sobre las mujeres.

En el contexto de los sistemas agroalimentarios, esto implica que hombres y mujeres compartan no solo las responsabilidades de cuidado y las productivas, sino también el acceso a recursos, la toma de decisiones y los beneficios derivados de la producción agrícola. Además, implica que las instituciones locales, regionales y nacionales, el sector privado y las organizaciones asuman su papel en la promoción de entornos en los que, además, se reconozca y valore el trabajo de las mujeres rurales y se promueva el abordaje integral de la corresponsabilidad para que también puedan participar de los beneficios de los sistemas agroalimentarios en igualdad de condiciones (Vaca 2019). 

La falta de corresponsabilidad y su impacto en las mujeres rurales

Ante la ausencia de un enfoque integral de corresponsabilidad, las mujeres enfrentan una doble carga: por un lado, el trabajo no remunerado en el hogar, que abarca el cuidado de menores, personas mayores y las tareas domésticas, como cocinar, gestionar horarios, además de brindar apoyo emocional al resto de miembros de la familia; y, por otro lado, el trabajo en la agricultura y actividades relacionadas, que suelen desarrollarse en condiciones de informalidad y baja remuneración (Ramos 2023). Siendo uno de los principales desafíos el dejar de considerar el aporte de las mujeres rurales al sector agrícola como parte de las responsabilidades domésticas no remuneradas, mientras que, en el caso de los hombres, rara vez se cuestiona la necesidad que deba ser remunerado (ONU Mujeres 2012). 

Las mujeres rurales no solo son responsables de labores agrícolas, sino también de gestionar la seguridad alimentaria de sus hogares, cumplir con tareas de cuidado no remuneradas y enfrentar el acceso limitado a recursos productivos, como la tierra y el crédito (FAO, 2024). Esta situación no solo limita el acceso de las mujeres a mejores oportunidades económicas, sino que también perpetúa un ciclo de pobreza y dependencia financiera (Wood 1997).

Sin corresponsabilidad, las mujeres quedan atrapadas en un ciclo que limita su autonomía económica y su capacidad para romper con patrones de pobreza que termina siendo intergeneracional (Carcedo y Kennedy 2017). El desequilibrio entre la distribución del trabajo agrícola y de cuidados, reduce el tiempo y los recursos que las mujeres pueden invertir en actividades como mejorar su productividad, participar activamente en la toma de decisiones comunitarias, o de contar, simplemente, con tiempo de ocio y personal.

Relación entre corresponsabilidad y desigualdades en el acceso a los recursos y al poder

El acceso a recursos productivos se encuentra profundamente limitado para las mujeres rurales dentro de los sistemas agroalimentarios. El limitado acceso a recursos financieros, tecnológicos, al acceso a crédito y a capacitación técnica, reduce la capacidad de las mujeres para mejorar su productividad y participar en mercados productivos (Ramírez 2011). La falta de corresponsabilidad integral, no solo perjudica la participación de las mujeres, sino que también afecta el proceso de transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes.

Uno de los principales desafíos para las mujeres rurales en las Américas es el acceso a la tierra. Aunque representan una parte significativa de la fuerza laboral agrícola, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de ser propietarias de tierras (Schling y Pazos 2022). Este problema está profundamente arraigado en factores estructurales, ya que, aunque la legislación de muchos países en la región permite que las mujeres sean propietarias de tierras, la realidad es que las normas sociales, las barreras económicas y la falta de políticas efectivas impiden que ejerzan plenamente ese derecho.

Aunado a ello, la falta de corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios profundiza las desigualdades que se dan en el uso y manejo del poder. La limitada participación de las mujeres rurales en los espacios de toma de decisiones, restringen su rol en los procesos de generación de políticas, programas y proyectos y perpetúa un sistema que no responde a la realidad nacional. Las necesidades y perspectivas de las mujeres rurales deben ser parte de los procesos de construcción de las estrategias de desarrollo e incidir en los procesos de generación de políticas y normativas.

Enfocar acciones solo en las mujeres – Un error conceptual para abordar tanto el problema como la solución

Históricamente, las acciones realizadas en el marco de la cooperación al desarrollo diseñadas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres se han centrado en ellas como si fueran los únicos actores del sistema con los que trabajar los problemas que se dan por cuestión de género (Morales, 2021). Es, en parte por esto, que usualmente se asume que la solución a las desigualdades que sufren pasa por capacitar a las mujeres o brindarles herramientas, sin cuestionar las estructuras subyacentes que perpetúan estas desigualdades. Este enfoque, conocido como Mujeres en Desarrollo (o MED), no reconoce que la verdadera problemática radica en la falta de un enfoque integral de corresponsabilidad, que incluya a hombres y a las instituciones en la redistribución de tareas, responsabilidades y recursos.

Las mujeres rurales enfrentan desafíos aún mayores cuando no se involucra al resto de actores en la redistribución de estas responsabilidades. El enfoque de Género en Desarrollo (GED) propone que, en la ecuación se aborde el entendimiento de las realidades de las mujeres y de los hombres, así como las relaciones y dinámicas que se extienden cuando ambas partes interactúan (CONAVIM 2023). 

Por ende, el enfoque GED plantea que los hombres deben asumir una parte equitativa en las tareas de cuidados y productivas, y que el resto de los actores del sistema, en este caso, de los sistemas agroalimentarios, también sean corresponsables en la creación de condiciones que permitan flexibilizar los roles de género actuales. El enfoque GED no solo busca corregir los síntomas de la desigualdad, sino transformar las estructuras que la perpetúan, promoviendo un desarrollo más justo y sostenible que disminuya el impacto negativo sobre las mujeres rurales, lo cual implica necesariamente, trabajar bajo una perspectiva de corresponsabilidad integral.

¿Cómo avanzar hacia un enfoque de corresponsabilidad en los Sistemas Agroalimentarios?

Un enfoque de corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios implica un cambio profundo en la forma en que se distribuyen las responsabilidades, el trabajo y los recursos entre todos los actores del sistema. 

Una de las áreas clave para promover la corresponsabilidad es que las organizaciones deben asegurar que sus propias estructuras internas incorporen un enfoque GED. Esto implica trabajar en la sensibilización de sus miembros sobre la importancia de la corresponsabilidad, así como diseñar proyectos, programas y otras iniciativas que promuevan cambios profundos en las dinámicas de género en las comunidades rurales.

En segundo lugar, las organizaciones deben garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las etapas de las acciones que promuevan en los sistemas agroalimentarios, desde la toma de decisiones hasta el acceso a recursos productivos, como la tierra, el crédito y la tecnología. 

De la misma forma, para que las organizaciones puedan contribuir de manera efectiva a un enfoque corresponsable en los sistemas agroalimentarios, es fundamental que integren el enfoque de género en sus presupuestos y planificación estratégica. Esta integración no debe considerarse como un aspecto opcional, sino como una línea prioritaria.

Otro aspecto clave es el papel de las instituciones locales, regionales y nacionales. Estas deben ser corresponsables en la creación de políticas y programas que favorezcan una distribución equitativa de las responsabilidades y los recursos, tomando en cuenta las necesidades y realidades específicas de las mujeres rurales. Las organizaciones deben trabajar en alianza con las instituciones para asegurar que los marcos normativos y programáticos promuevan la igualdad de género en los sistemas agroalimentarios.

Asimismo, es clave que las organizaciones trabajen junto al sector privado para promover, por ejemplo, certificaciones y programas que valoren la participación igualitaria de mujeres y hombres en las cadenas de valor agroalimentarias. Esto puede incluir incentivos que recompensen a quienes adopten prácticas igualitarias, contribuyendo así a crear un entorno favorable para la igualdad de género.

En última instancia, las organizaciones deben impulsar iniciativas que involucren a los hombres en el trabajo de la corresponsabilidad, tanto en las labores productivas como en las de cuidados. Esto puede lograrse a través de campañas de sensibilización y formación que desafíen los roles tradicionales de género, fomentando un reparto más justo de las tareas de cuidados y en el ámbito comunitario.

Conclusiones

La falta de corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios no es solo un problema que afecta a las mujeres rurales; es una barrera estructural que frena el desarrollo sostenible y la equidad de género en las Américas. Cada vez se torna más evidente que la falta de una distribución equitativa de las responsabilidades productivas, de cuidados y el acceso a recursos, perpetúa las desigualdades que limitan el potencial de las mujeres rurales y, por ende, el progreso de sus comunidades.

Aunque el enfoque tradicional se ha centrado únicamente en las mujeres, es momento de reconocer que no es suficiente. Se requiere un cambio sistémico que involucre a todos los actores en la redistribución de tareas y la creación de condiciones que permitan a las mujeres participar en igualdad de condiciones en los sistemas agroalimentarios, es decir, avanzar hacia un enfoque de corresponsabilidad para aliviar la doble carga que enfrentan las mujeres rurales.

No abordar de una manera integral, desde un enfoque de género que considere la corresponsabilidad, no solo se perpetúan las desigualdades existentes, sino que también se pone en riesgo el desarrollo de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles para todas las personas.

Estrategia Regional de Género de la FAO para América Latina y el Caribe 2019-2023

La desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres –especialmente en el mundo rural– es una de las causas estructurales de la pobreza y uno de los mayores desafíos que los países de América Latina y el Caribe deben enfrentar para desencadenar todo el potencial transformador del mundo rural. Por medio de la estrategia, FAO orientará su quehacer durante los próximos cuatro años, para generar resultados e impactos junto a los gobiernos, la sociedad civil, la academia, el sector privado y sus aliados para el desarrollo 

Por medio de la estrategia, se busca contribuir a cerrar las brechas de género de la región, especialmente en el mundo rural, en cuanto a la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, el uso sostenible de los recursos naturales y en la respuesta regional ante el cambio climático. 

Pueden leer más al respecto aquí

Mujer Rural y el Derecho a la Tierra (Coalición Internacional del Derecho a la Tierra)

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra es una plataforma nacida dentro de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – International Land Coalition) alrededor del Compromiso 4 de la Coalición: Igualdad en los derechos a la tierra para las mujeres. 

El objetivo principal es asegurar la justicia de género en relación con la tierra, tomando todas las medidas necesarias para lograr la igualdad tanto de jure como de facto, fortaleciendo la capacidad de las mujeres para defender sus derechos a la tierra y participar en pie de igualdad en la toma de decisiones, y asegurando que el control sobre la tierra y los beneficios derivados de ello sean equitativos entre mujeres y hombres, incluyendo el derecho a heredar y legar derechos de tenencia. 

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Firma del acuerdo entre Comisión Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

En un paso más hacia la promoción de la igualdad de género en el ámbito rural, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) firmaron Acuerdo General de Cooperación Técnica entre la CIM y el IICA. La firma tuvo lugar el 22 de agosto de 2023, durante la IV edición del Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas.

La CIM, el primer órgano intergubernamental dedicado a asegurar los derechos humanos de las mujeres y el único foro político hemisférico sobre igualdad de género está compuesta por 34 delegadas, una por cada Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas delegadas, generalmente las máximas autoridades en temas de mujeres e igualdad de género en sus respectivos países se reúnen cada tres años para acordar los planes y programas de trabajo de la CIM.

Por su parte, el IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano, con vasta experiencia en tecnología e innovación agrícola, sanidad agropecuaria, calidad e inocuidad de alimentos, comercio agropecuario internacional, agricultura familiar, desarrollo rural, gestión de recursos, así como en género y juventudes. El Instituto apoya los esfuerzos de los 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

El acuerdo firmado busca establecer acciones con enfoque de género para promover la igualdad en los sistemas agroalimentarios de las Américas, contribuyendo así a la promoción del desarrollo y bienestar de las mujeres rurales del hemisferio.

Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM, declaró:

Manuel Otero, Director General del IICA, también destacó la importancia de este acuerdo:

Este acuerdo representa un compromiso renovado por parte de ambas instituciones para impulsar la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales en toda América.

Conversatorio de cierre: 2° edición del curso Introducción al Emprendedurismo para Mujeres Rurales 

El 14 de noviembre se celebró el conversatorio de cierre de la segunda edición del curso «Introducción al Emprendedurismo para Mujeres Rurales», evento que sirvió como plataforma para conocer los aprendizajes y experiencias de las mujeres rurales participantes que culminaron exitosamente esta edición. Este curso, parte del Programa de Formación “Mujeres Rurales Emprendedoras para las Américas”, fue una iniciativa surgida del III Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas, y lanzado oficialmente el 8 de marzo de 2023. En su primera edición, se enfocó en la Región Andina, incluyendo Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Para esta segunda edición, los países seleccionados fueron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México. El objetivo principal del curso fue fortalecer las capacidades de las mujeres participantes mediante herramientas de información didáctica, promoviendo buenas prácticas para potenciar sus emprendimientos y habilidades de liderazgo. El curso constó de cinco unidades, con una semana de descanso, un foro integrador de conocimientos y tres sesiones sincrónicas de trabajo virtual al inicio, medio y final del curso. 

Entre los principales aprendizajes destacados por las mujeres, se mencionó la confianza para comprender las diversas capacidades necesarias para emprender exitosamente, el conocimiento de herramientas para solicitar créditos como mujeres emprendedoras y la comprensión de las desigualdades de género en el entorno laboral. En esta edición, 33 mujeres de la Región Central, República Dominicana y México completaron exitosamente las evaluaciones. 

Con esta segunda edición, el Programa de Equidad de Género y Juventudes del IICA reafirma su compromiso con las mujeres rurales del hemisferio, contribuyendo a su empoderamiento como lideresas comunales. Además, se fomenta su participación en redes y cooperativas, promoviendo la colaboración y el crecimiento conjunto de sus emprendimientos a pequeña y mediana escala mediante estrategias de agregación de valor a los productos. 

Reconociendo el papel de las mujeres campesinas en la economía del cuidado de LAC 

La economía del cuidado 

La noción de cuidado se refiere a actividades que satisfacen las necesidades básicas de existencia y reproducción. Las actividades de cuidado incluyen el autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la provisión de las condiciones previas en las que se lleva a cabo el cuidado (cuidado indirecto) y la gestión del cuidado. Los cuidados permiten a las personas cubrir sus necesidades, las de las personas dependientes (por su edad o sus condiciones/capacidades) y aquellas que podrían autoproporcionarse dichos cuidados (Rodríguez Enríquez, 2005; Esquivel, 2011; ELA, 2012; Pautassi y Zibecchi, 2013). ). La economía del cuidado abarca todas las actividades de cuidado, independientemente de si son remuneradas (formal o informalmente) o no. A pesar de no ser reconocida en gran medida, la economía del cuidado representa aproximadamente el 25% del PIB de la región de América Latina y el Caribe (Salazar-Xirinachs, et. al., 2023). 

División de responsabilidades de atención 

En la región, la división de las responsabilidades de cuidado entre los sexos es en gran medida desigual. Las mujeres son responsables de tres cuartas partes del PIB correspondiente a la economía del cuidado (PNUD, 2024). La socialización de las mujeres como cuidadoras principales se ve reforzada por los roles de género tradicionales. A nivel mundial, las niñas de entre 10 y 14 años dedican un 50% más de tiempo ayudando en la casa que los niños de la misma edad (UNICEF, 2016). A medida que las niñas crecen, otras normas sociales dañinas, como la violencia de género, el matrimonio infantil, las prácticas de contratación discriminatorias y el acceso limitado al capital u otros activos, empujan a las mujeres a dedicarse a actividades de cuidado, a menudo como trabajadoras no remuneradas o participantes en la economía informal. , en tasas significativamente más altas que los hombres. 

Atención no remunerada  

A pesar de las enormes diferencias regionales, en general se reconoce que las mujeres realizan más trabajos de cuidados no remunerados que los hombres. Además, las mujeres rurales realizan más trabajos de cuidados no remunerados que las de las zonas urbanas. En zonas con una alta prevalencia de agricultura de subsistencia, el “trabajo doméstico” realizado por las mujeres rurales consolida su papel como garantes de la seguridad alimentaria del hogar. Son las principales responsables de la producción, procesamiento y preparación de alimentos, mientras que los hombres suelen participar en el cultivo de cultivos comerciales. La alimentación, cría, cosecha, recolección y procesamiento de especies de peces, ovinos, bovinos, caprinos, porcinos, conejos y aves para el autoconsumo es una parte esencial del cuidado indirecto que realizan las mujeres rurales. Después de la cosecha y el procesamiento de los alimentos, también se espera que las mujeres preparen las comidas para el hogar. Encuestas realizadas en una amplia gama de países afirmaron que entre el 85% y el 90% del tiempo dedicado a la preparación de alimentos en el hogar lo realizan mujeres que también son responsables de otras formas de cuidados no remunerados, como recoger agua y leña (Gailán, C., 2023). . Aparte de la producción agrícola, no vale la pena que muchas otras necesidades de cuidados sean cubiertas por mujeres de la familia como trabajo no remunerado. Estas actividades van desde limpiar, amamantar, organizar el transporte, cuidar a familiares enfermos, ayudar a los niños con las tareas y más. 

Atención remunerada e informalidad  

Equilibrar las actividades de cuidado con otras obligaciones impone límites al empleo formal de las mujeres. Especialmente en las zonas rurales, las mujeres tienen menos acceso a los servicios financieros, las actividades productivas, las tecnologías y la educación en comparación con los hombres (FAO). Como resultado, las mujeres rurales que buscan trabajo fuera del hogar a menudo participan en la economía informal debido a una menor barrera de entrada. Aproximadamente el 58% de las mujeres están empleadas en el sector informal en comparación con el 48% de los hombres (Chen 2010; IDRC 2010). Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres no sólo de tener un empleo informal, sino también de estar en las categorías más precarias y peor remuneradas del empleo informal. A menudo, estos trabajos ofrecen malas condiciones laborales que se ha demostrado que afectan su salud general. Las ocupaciones típicas de las mujeres en la economía informal incluyen la venta de cultivos excedentes como vendedoras ambulantes, trabajadoras agrícolas y trabajadoras de cuidados no alimentarios (limpiadoras, cocineras, etc.). América Latina es única en el sentido de que sus trabajadores domésticos representan una proporción significativamente mayor del sector del cuidado, entre el 30 y el 50% del sector del cuidado. Se considera que los empleados tienen empleos informales si su relación laboral no está, en la ley o en la práctica, sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o al derecho a determinadas prestaciones laborales (aviso previo de despido, indemnización por despido, pago anual o enfermedad). licencia, etc.) (OCED, 2019). Sin protección legal, continúa persistiendo la violación de los derechos de las mujeres a un trabajo y protección adecuados. 

Vulnerabilidades de las mujeres que brindan cuidados 

Las mujeres están sobrerrepresentadas tanto en las economías informales como en las no remuneradas de América Latina y el Caribe. Asumir más trabajo de cuidados que los hombres da lugar a jornadas significativamente más largas para las mujeres, añadiendo entre 6 y 30 horas de trabajo a cada semana (Ilahi, 2000). Esto limita su capacidad para participar en  

toma de decisiones a nivel social, político e incluso doméstico. Además, sus limitadas oportunidades de empleo los exponen a un mayor riesgo de precariedad laboral, inseguridad económica y dependencia financiera. Aunque un número creciente de mujeres en la región realizan trabajos remunerados, ya sea formal o informalmente, todavía no es equivalente a los ingresos de un hombre. Según el Banco Internacional de Desarrollo, la brecha salarial de género en América Latina se sitúa en el 29% (BID, 2023). En todos los países de América Latina, menos del 50% de las mujeres poseen una cuenta bancaria y más de una cuarta parte de las mujeres no tienen acceso a los ahorros del hogar (Banco Mundial, 2021). 

Dentro del sector agrícola, la falta de independencia financiera de las mujeres a menudo se ve exacerbada por la discriminación que limita su acceso a la tierra, a los préstamos y créditos, y a otros insumos agrícolas. A nivel mundial, las mujeres producían entre el 60% y el 80% de los alimentos y poseían menos del 10% de la tierra antes de las reformas legislativas que comenzaron en 1980 (Banco Mundial, 2020).  

Conclusión 

Hay varios factores que contribuyen a las desigualdades que enfrentan las mujeres, incluida la pobreza de tiempo, la informalidad laboral y la discriminación que les impide aumentar la productividad agrícola. Estas cuestiones tienen profundas implicaciones para la vida de una mujer individual y para la sociedad en general. Los economistas predicen que si se cerrara la brecha salarial de género, la productividad agrícola aumentaría e impulsaría el PIB mundial en un 20% (Banco Mundial, 2024). Como solo uno de los muchos cambios sociales necesarios, equilibrar las responsabilidades de cuidado resulta ser una vía prometedora para mejorar la independencia económica y la productividad global de las mujeres. 


Citas 

OECD/International Labour Organization (2019), “Definitions of informal economy, informal sector and informal employment”, in Tackling Vulnerability in the Informal Economy, OECD Publishing, Paris. 

Recognition of the property rights of women in Central America: Mission accomplished?. World Bank Blogs. (2024). https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/recognition-property-rights-women-central-america-mission-accomplished  

The missing piece: Valuing women’s unrecognized contribution to the economy. UNDP. (2024, March 8). https://www.undp.org/latin-america/blog/missing-piece-valuing-womens-unrecognized-contribution-economy  

Urquidi, M., & Chalup, M. (2023, March 20). The gender earnings gap in Latin America and the Caribbean: An analysis of its components. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/en/gender-earnings-gap-latin-america-and-caribbean-analysis-its-components  

Un IV Foro de Ministras de las Américas con enfoque en el financiamiento de los cuidados 

El IV Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas contó con un enfoque centrado en el «Financiamiento de los cuidados para el crecimiento económico y el desarrollo humano en los sistemas agroalimentarios de las Américas». Este panel consolidó discusiones previas y se centró en identificar áreas y sectores que requieren financiamiento para mejorar la economía de los cuidados, con un enfoque particular en el impacto en las mujeres rurales. 

La sesión contó con la participación de representantes del Banco Mundial, la Fundación Microfinanzas BBVA, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las participantes destacaron la necesidad de mantener un enfoque en áreas estratégicas como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género, señalando la importancia de invertir en cuidados infantiles para permitir a las mujeres rurales buscar y mantener empleos. Además, se enfatizó el apoyo a las mujeres emprendedoras mediante programas de capacitación, asesoría técnica y financiamiento, especialmente para mujeres jefas de hogar. 

Durante el panel, se compartieron ejemplos de programas exitosos. El BCIE, por su parte, invirtió 400 millones de dólares en programas de promoción de la igualdad de género. Por su parte, el BID presentó el programa «CUIDARTE» en Panamá y el Proyecto de Semillas de Apego en Colombia, diseñados para promover el desarrollo humano a través de servicios de cuidado. El Banco Mundial destacó sus iniciativas para la capacitación de mujeres emprendedoras y la priorización del cuidado infantil en las pymes, mientras que la Fundación Microfinanzas BBVA presentó programas de empoderamiento como la creación de redes de mujeres y familias y la oferta de microseguros para proteger a las mujeres durante el embarazo y en situaciones de vulnerabilidad. 

A pesar de estos avances, las participantes reconocieron la necesidad de ampliar y desarrollar aún más estos proyectos y programas. Para lograrlo, apuntaron que se requiere un mayor financiamiento y una conciencia creciente sobre la importancia de incorporar una perspectiva de género en todas las acciones. Como resultado, se establecieron metas específicas, entre ellas la alineación de acciones con un enfoque de género para 2025, un análisis más exhaustivo de proyectos en sus etapas iniciales y la adaptación de soluciones a contextos y necesidades diversas, particularmente en función de las diferencias geográficas y personales de las mujeres. También se propuso la incorporación del sector productivo y financiero en la transformación del sistema agroalimentario, mediante la creación de paquetes de financiamiento mixtos que involucren tanto al sector público como al privado. 

En conclusión, el IV panel del Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas resaltó la necesidad de financiar los cuidados para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo humano en los sistemas agroalimentarios. Se abordó la importancia de invertir en sostenibilidad ambiental y cuidado infantil, se reconoció la necesidad de más financiamiento y concienciación sobre la perspectiva de género, y se establecieron metas concretas para avanzar hacia un futuro más inclusivo y equitativo en las Américas. 

Panelistas del IV: Jyotsna Puri (FIDA); Laura Fernández (BBVA); Gloriana Jimenez (BCIE); María Teresa Villanueva (BID); Joanne Gaskell (BM)
Sofía Burgués, II Panelista del Banco Mundial

Derechos de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe

Introducción

Las mujeres de las zonas rurales son pilares de sus comunidades como líderes clave y tomadoras de decisiones. Representan una porción significativa de la población (10%), lo que hace que sus contribuciones a sus hogares, comunidades y al sistema agroalimentario mundial sean invaluables (FAO, 2017). Las mujeres rurales están representadas en varias facetas de la agricultura como agricultoras, recolectoras, pescadores, trabajadoras agrícolas y conservacionistas de los conocimientos agrícolas tradicionales. Sus contribuciones son aún más impresionantes en el contexto de las desigualdades que persisten para las mujeres rurales.

Desigualdades que enfrentan las mujeres rurales en el sector agrícola

Históricamente, las leyes y prácticas consuetudinarias dentro de la región han obstaculizado la capacidad de las mujeres rurales de acceder y controlar la tierra (FAO, 2020). Aunque las mujeres producen entre el 60% y el 80% de todos los alimentos en los países en desarrollo, poseen menos del 10% de la tierra; suele ser más pequeño y de peor calidad (Brito Bruno e Ivanovic Willumsen, 2019). Las disparidades entre los sexos en términos de productividad agrícola se ven exacerbadas por la falta de acceso a recursos productivos, activos clave y mercados. Las granjas dirigidas por mujeres tienen relativamente menos acceso a asistencia técnica/servicios de extensión rural, inclusión financiera y a mercados y canales de comercialización para su producción (FAO 2016, FAO 2017). Debido a esto, la productividad agrícola de las mujeres es menos de la mitad de la de los hombres (FAO, 1999).

A la inversa, la subrepresentación en algunas áreas lleva a su sobrerrepresentación en otras. Por ejemplo, las mujeres rurales están sobrerrepresentadas en las estadísticas sobre inseguridad alimentaria e ingresos medios. En América Latina, más de la mitad (67%) de las mujeres rurales empleadas ganan menos que el salario mínimo nacional (CEPAL, 2017). La movilidad económica está correlacionada con la inseguridad alimentaria. Aunque representan el 50% de la población de la región, las mujeres representan el 70% de las personas que pasan hambre en el mundo (FAO, 2020).

Las mujeres que trabajan en zonas rurales corren un riesgo especial de sufrir violencia y discriminación (abusos verbales, violencia física y sexual, acceso desigual a la propiedad, salarios desiguales, etc.) debido a las actitudes tradicionales con respecto a los roles subordinados y socialmente construidos de las mujeres que persisten en muchos países. comunidades rurales (Pispira, et. al, 2022).

Incluso cuando las mujeres rurales superan estos obstáculos, rara vez se reconoce su trabajo. La mayoría de las mujeres rurales clasificadas como inactivas en las encuestas de empleo tradicionales realizan trabajos que son invisibles para las estadísticas oficiales: como trabajadoras no remuneradas o productoras para el consumo de los hogares (CEPAL, 2019).

Marco Internacional para los Derechos de las Mujeres Rurales

Durante el último siglo, las organizaciones internacionales de derechos humanos y otros actores clave han reconocido que el progreso hacia la mejora y garantía de los derechos de las mujeres rurales radica, al menos en parte, en la eliminación de obstáculos legales. Los avances hacia la afirmación internacional de los derechos de las mujeres comenzaron con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de la Organización Internacional del Trabajo de 1951, con el establecimiento del derecho a igual remuneración por un trabajo de igual valor.

Más recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas presentó la Recomendación General No. 34 sobre los derechos de las mujeres rurales. Establece que las mujeres rurales tienen derecho a estar libres de discriminación y violencia, el derecho a determinar libremente su estatus político y el derecho a buscar, participar y beneficiarse libremente de su desarrollo económico, social y cultural. En los países que lo ratificaron, el tratado ha demostrado ser fundamental para oponerse a los efectos de la discriminación, la violencia, la pobreza, la falta de protección legal, la herencia, los derechos de propiedad y el acceso al crédito.

El artículo 6 del Borrador Avanzado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales reconoce varios derechos específicos clave para las mujeres rurales, incluidos la toma de decisiones, la atención médica, la autonomía y la privacidad, la generación de ingresos, la seguridad social, la capacitación y educación, acceso a la tierra y a los recursos naturales, violencia de género e igualdad en el matrimonio.

Marco de Derechos de las Mujeres Rurales en América Latina y el Caribe

El marco legal para garantizar los derechos de las mujeres rurales en la región de ALyC ha sido imperativo para que los países aprueben leyes, asignen presupuestos, fomenten el diálogo regional e internacional y responsabilicen a los gobiernos por el avance de la agenda que garantiza los derechos humanos. Varios países de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, tienen distintos alcances de protección para las mujeres rurales, que van desde leyes específicas hasta la protección del derecho a la participación. tanto en leyes específicas como sectoriales. Los tipos de protección incluyen la protección del derecho a la tierra, el agua y las semillas, el acceso a financiación, asistencia técnica y apoyo a la comercialización, y la promoción de la participación de las mujeres en los procesos regulatorios agrícolas y su gestión.

Dos ejemplos notables de esfuerzos regionales incluyen los del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina (FPH LAC) y el Caribe y la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Cómo las mujeres de la región ALyC pueden defender estos derechos

La declaración y el reconocimiento de estos derechos tienen el potencial de mejorar la vida de las mujeres en las zonas rurales. Sin embargo, el éxito general de los esfuerzos recientes dependerá del conocimiento que tengan las mujeres rurales de sus derechos y de las oportunidades para exigir acciones cuando hayan sido violados. Las desigualdades que enfrentan las mujeres suelen ser complejas. Sin embargo, las siguientes preguntas puede resultar útil a medida que las mujeres rurales, capaces y competentes, comiencen a participar en la autodefensa.

  1. ¿Cómo se ignoran tus derechos?
    • Demuestre claramente cómo una infracción de uno de sus derechos está afectando su productividad y calidad de vida.
  2. ¿Cuál es su objetivo al crear conciencia sobre esta violación?
    • ¿Cómo le gustaría que se corrigiera la injusticia? ¿Por qué es esta la mejor alternativa? ¿Cómo beneficiará esto a otros?
  3. ¿Con quién deberías hablar?
    • Esto puede incluir miembros de la familia o una pareja, líderes locales, figuras de autoridad en el trabajo, funcionarios de extensión, representantes electos, etc.
  4. ¿Qué podría interponerse en tu camino?
    • Anticipar las objeciones y prepararse para combatirlas con datos, hechos, afirmaciones objetivas, etc.
  5. ¿Qué evidencia puedes utilizar para exponer tu punto?
    • Tome notas de quién, qué, cuándo, dónde, cuánto y por qué.
    • Guarde cartas, fotografías u otras formas de documentación del problema.
    • Pídale a amigos, familiares, colegas y otras personas que escriban cartas que respalden su argumento.
  6. ¿Cómo hablarás?
    • Escribir una carta
    • Enviar un correo electrónico
    • Hacer una llamada telefónica
    • Pedir una cita
    • Únase a una organización
    • Vote por funcionarios electos que compartan sus creencias
  7. ¿A quién puedes acudir en busca de apoyo?
    • Familia, amigos, una iglesia, un grupo de apoyo, tu comunidad, una organización.

Cooperación Internacional promueve los sistemas de cuidados para mujeres rurales en el IV Foro de Ministras, Viceministras, y Altas Funcionarias de las Américas

La IV edición del Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas, celebrado en el mes de agosto del 2023, se centró en la economía de los cuidados y el trabajo no remunerado de las mujeres rurales. Este encuentro incluyó un panel titulado “Acciones desde la Cooperación Internacional para el fomento de sistemas integrales de cuidados dirigidos a las mujeres rurales”, moderado por Maria da Conceição Dantas Moura, Subsecretaria de Mujeres Rurales, Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Brasil.

El panel contó con la participación de representantes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU Mujeres y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Estas instituciones se reunieron bajo el liderazgo del IICA con el objetivo de coordinar acciones dirigidas a mejorar y desarrollar iniciativas para promover sistemas integrales de cuidados para las mujeres rurales.

Durante el panel, se destacó que las redes de cuidados, que históricamente han recaído sobre las mujeres y son fundamentales para los sistemas de producción, social y familiar, han sido invisibilizadas, especialmente en las zonas rurales. Se abordó la necesidad de remunerar estos cuidados desde el mercado y de implementar políticas intersectoriales que integren esfuerzos a nivel internacional, nacional y local, garantizando su eficacia en las áreas rurales.

Entre las propuestas discutidas, se planteó la creación de indicadores para avanzar en una agenda de investigación que considere las experiencias y vulnerabilidades rurales, permitiendo así acciones conjuntas con cooperativas y asociaciones de desarrollo. Además, se enfatizó la importancia de orientar las políticas hacia una sociedad del cuidado transformativa e igualitaria, con un enfoque de interseccionalidad, y de empoderar a las mujeres rurales para que sean protagonistas en el cambio de las relaciones sociales y en la promoción de su autonomía.

Las recomendaciones incluyeron el desarrollo de políticas de sensibilización que promuevan la corresponsabilidad social y de género, la transversalización del cuidado en las políticas públicas de desarrollo rural, y el fortalecimiento del enfoque interseccional de género y la participación de jóvenes para alcanzar sociedades más igualitarias. También se sugirió la creación de una hoja de ruta para un sistema de cuidados con igualdad y la observación de intervenciones efectivas, como el acceso a la tenencia de la tierra y la protección social, incluyendo servicios de guardería en zonas rurales.

El panel concluyó destacando la importancia de abordar las políticas públicas desde una perspectiva local y con un enfoque interseccional, diseñadas específicamente para las mujeres rurales por ellas mismas. Asimismo, se subrayó la necesidad de crear instrumentos jurídicos que aborden y respondan a sus necesidades desde sus realidades territoriales.

Maria da Conceição Dantas Moura, Subsecretaria de Mujeres Rurales, Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Brasil
Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM/OEA