La comunicación digital y su utilidad para los emprendimientos de mujeres rurales

En las últimas dos décadas la comunicación digital se ha convertido paulatinamente en una herramienta indispensable para cualquier emprendimiento, especialmente para las mujeres rurales que buscan fortalecer y expandir sus negocios. La tecnología ha ido eliminando barreras geográficas, conectándonos con mercados, clientelas y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Pero ¿cómo puede la comunicación digital beneficiar específicamente a los emprendimientos liderados por mujeres rurales? Aquí exploramos sus principales ventajas.

Uno de los mayores retos de los emprendimientos, especialmente los rurales, es alcanzar mercados más allá de su comunidad local. La comunicación digital permite que las mujeres emprendedoras expongan sus productos y servicios al mundo. A través de redes sociales, sitios web o herramientas como WhatsApp Business, es posible crear una vitrina virtual para sus negocios. Un ejemplo claro es el uso de fotografías y descripciones atractivas que permiten destacar la calidad y autenticidad de productos elaborados artesanalmente o provenientes de la agricultura sostenible.

Las plataformas digitales también ayudan a narrar la historia detrás de cada emprendimiento. Contar quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos genera confianza y un vínculo emocional con la clientela. En el caso de los productos rurales, muchas veces se valora el trabajo hecho con dedicación, de manera artesanal, y con insumos naturales, así como el impacto positivo que este tiene en la comunidad.

La comunicación digital no solo abre la puerta a más clientela, sino también a mercados más especializados. Por ejemplo, mujeres rurales que producen miel o cultivan café orgánico pueden conectarse con personas consumidoras que valoran los productos ecológicos, sostenibles y éticos. Espacios como Facebook Marketplace, Instagram o incluso grupos de WhatsApp permiten segmentar audiencias y ofrecer artículos específicos a quienes realmente los quieren y necesitan.

Además, estas herramientas permiten recibir retroalimentación y consultas directas de la clientela, lo que ayuda a mejorar los productos y servicios. Responder rápidamente a preguntas o comentarios genera confianza y fidelidad en clientes y clientas, haciendo que regresen una y otra vez.

Implementar estrategias de comunicación digital puede parecer complicado al principio, pero en realidad representa una inversión que reduce costos y ahorra tiempo. En vez de depender sólo de ferias o ventas físicas, las mujeres rurales pueden promocionar sus productos desde su casa con un teléfono o computadora. Publicar en redes sociales o enviar mensajes a listas de difusión permite alcanzar a muchas personas con solo unos clics.

Herramientas gratuitas como WhatsApp Business también simplifican la gestión del negocio al ofrecer funciones como catálogos de productos, respuestas automatizadas y etiquetas para organizar pedidos. Todo esto permite que las emprendedoras dediquen más tiempo a lo que realmente importa: el crecimiento de sus negocios y el disfrute de sus éxitos.

La comunicación digital ayuda en la creación de redes de apoyo entre mujeres emprendedoras. A través de grupos en redes sociales, comunidades digitales o chats de Whatsapp, es posible compartir experiencias, resolver dudas y establecer colaboraciones. Estas redes son fundamentales para que las emprendedoras rurales se empoderen y fortalezcan sus capacidades colectivas.

La comunicación digital es mucho más que la tecnología: es una herramienta de socialización, empoderamiento y transformación para las mujeres rurales. Con creatividad, dedicación y acceso a formación básica los emprendimientos rurales pueden crecer, diversificarse y posicionarse en un mercado global. Aprovechar estas oportunidades no solo beneficia a las emprendedoras, sino también a sus familias, comunidades y economías locales.

Enfoque de Género en el Comercio Internacional

Introducción 

Diferentes organismos internacionales como la Organización Mundial para el Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM) (2020) han venido señalando la existencia de brechas de género en el Comercio Internacional. Al profundizar en estas brechas dentro de los sistemas agroalimentarios se identifica que existen grandes retos en materia de participación igualitaria en los mercados, acceso derechos laborales, formalización laboral y  ocupación de puestos de toma de decisiones, entre otros.

Informes como Las Mujeres y El Comercio El papel del comercio en la promoción de la igualdad de género (Banco Mundial & Organización Mundial del Comercio, 2020) o Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la crisis (CEPAL, 2021) evidencian que las mujeres que participan del mercado en actividades menos complejas tienen mayores niveles de informalidad laboral, trabajos a tiempo parcial y salarios con remuneraciones más bajas, lo que a su vez genera desventajas competitivas para las ellas. Estas condiciones también se relacionan con las responsabilidades de cuidados y las necesidades de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Ahora bien, gracias a la identificación de estas diferencias sustanciales que viven las mujeres, los Organismos Internacionales y los Gobiernos han venido impulsando acciones para la incorporación del enfoque de género en el diseño y ejecución de las políticas e instrumentos comerciales, buscando reducir las brechas de género y creando condiciones más equitativas para que las mujeres accedan al comercio internacional.

Por ejemplo, por medio de la recolección de datos desglosados por género en aspectos como empleo, salarios, educación y ocupaciones se pueden determinar los impactos de dichos instrumentos comerciales tanto en las mujeres como en los hombres. Aunado a esto, se ha impulsado el “Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales” con el fin de evaluar la incorporación del enfoque de género por parte de los Estados Miembros de la OMC en sus políticas comerciales (Banco Mundial & OMC, 2020).

En línea con esta tendencia mundial, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) está comprometido con realizar acciones colectivas que lleven consigo innovación, enfoques estratégicos y liderazgo para brindar acompañamiento técnico al desarrollo de políticas comerciales en los sistemas agroalimentarios con enfoque de género en todos los países miembros del IICA.

Para ello, el Programa de Equidad de Género y Juventudes (PEG&J) del IICA está trabajando en visibilizar y combatir las brechas de género presentes en los sistemas agroalimentarios y que afecta en mayor medida a las mujeres rurales. Además, busca articular acciones colectivas que permita posicionar el enfoque de género en las acciones de cooperación técnica en los sistemas agroalimentarios de las Américas. 

En este breve texto, se pretende contribuir a la discusión y visibilización de acciones que se deben impulsar desde la cooperación técnica y los Estados miembros para la reducción de las brechas de género en el comercio internacional y contribuir a la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Enfoque Interseccional de Género en el Comercio

La interseccionalidad de género corresponde a las interacciones entre diversos factores sociales que determinan a las personas en función del sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, edad, ubicación geográfica, entre otros. Estos se combinan de distintas formas y generan desigualdades o ventajas según el contexto social, político y cultural (BID, 2022).   

Desde este enfoque, resulta necesario analizar las distintas realidades que viven las mujeres vinculadas al comercio internacional de los sistemas agroalimentarios, con el fin de abordar de manera específica las brechas de género que obstaculizan su pleno desarrollo, entendiendo que estas se originan debido a factores sociales, políticos y culturales propios de la región y de cada uno de los países de las Américas.

Según análisis de CEPAL (2019:70), el enfoque de género se ha incorporado en los preámbulos en los acuerdos comerciales y en algunos casos mediante capítulos específicos, así como por medio de la suscripción de acuerdos, declaraciones y memorandos, e incluso por medio del establecimiento de mecanismos de verificación sobre el cumplimiento de los compromisos en materia de género.

A pesar de lo anterior, no existe una base común sobre la cual se trabaje la incorporación del enfoque de género en los acuerdos y las políticas comerciales impulsadas por los países. En varios de los casos, la incorporación del enfoque de género se realiza referenciando convenciones internacionales sobre derechos humanos o de la mujer, así como también convenios laborales de la OIT u otros acuerdos internacionales.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2023), en el ámbito internacional los convenios de la OIT sobre igualdad de remuneración y discriminación, y tratados de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, proporcionan una base jurídica para el trabajo decente y la igualdad de género en el mercado laboral.

Un país pionero en la incorporación del enfoque de género en los tratados de libre comercio es Chile. Al respecto, el IICA IICA realizó un análisis de caso con la experiencia de Chile, mediante el cual se identificó que Este país ha suscrito seis acuerdos comerciales que integran capítulos dedicados a la igualdad de género y el comercio.” (IICA: 2023:2). Todos estos acuerdos han sido suscritos con países de las Américas lo cual es un importante logro para el continente en materia de comercio con enfoque de género. 

Desafíos en el camino hacia la Igualdad de Género en el Comercio Internacional 

Las mujeres viven restricciones estructurales que les impide beneficiarse del comercio, tanto interno como externo, en la misma medida que los hombres. Estas desigualdades responden a estereotipos y roles de género impuestos socialmente respecto a las labores o áreas de la economía en la cual las mujeres pueden desenvolverse, enfrentándolas a una gran variedad de obstáculos que les impiden acceder a más oportunidades comerciales.

Por ejemplo, en el sector agroalimentario en América Latina la proporción de mujeres propietarias de tierras oscila entre un 7,8 % y un 30. 8 % (PNUD & FAO & RED-LAC: 2023), lo cual limita sus posibilidades de producción y exportación. Asimismo, las mujeres normalmente tienen terrenos más pequeños, de menor calidad y con derechos menos afianzados (FAO, 2017), lo que repercute directamente en su capacidad de acceder a crédito por falta de garantías. Teniendo en cuenta, además, que la brecha de productividad de la tierra entre explotaciones gestionadas por hombres y mujeres es del 24% (FAO, 2023).

También se pueden observar desigualdades de género con respecto a los encadenamientos, siendo las mujeres quienes enfrentan mayores retos para acceder a los recursos productivos, a ingresos asociados al acceso a mercados, además de experimentar una sobrecarga de trabajo productivo y reproductivo y bajos niveles de asociatividad y participación (FAO:2019:7).

Otras desigualdades de género se reflejan en más trabas regulatorias, menor acceso a capital y dedicación de mayor cantidad de tiempo al trabajo no remunerado como las tareas del hogar y de cuido, lo que se traduce en cifras totalmente disparejas entre ambos géneros, realizando las mujeres al menos 2,5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres (ONU MUJERES, s.f), por ejemplo.

Además de estas restricciones en cuanto a la propiedad de la tierra, el uso del tiempo y el acceso a los mercados, las mujeres ven limitado el acceso al trabajo según el sector productivo exportador en el cual se desempeñan. Por ejemplo, según datos de BID e INTAL sobre Argentina, Chile y Uruguay (2023:3) los sectores productivos exportadores relacionados con sectores primarios como la agricultura y los metales tienen mayor empleabilidad de hombres que de mujeres, mientras que los sectores de la industria textil e indumentaria mayor empleabilidad femenina.

Aunado a lo anterior, el estudio evidencia que las mujeres que ocupan puestos laborales relacionados al comercio internacional se desempeñan mayoritariamente en labores catalogadas como “femeninas”, por ejemplo, desempeñando tareas administrativas, legales, de comunicación y/o marketing.

Sumado a todas estas desigualdades estructurales que viven las mujeres, se ha determinado que uno de los principales desafíos existentes en materia de género es la escasa recolección de datos y estadísticas sobre las desigualdades que viven las mujeres en el área de comercio internacional.  Según la UNCTAD (2023), la falta de datos sobre la igualdad de género en el comercio internacional ha sido un obstáculo para la generación de políticas comerciales con enfoque de género que empoderen por igual a mujeres y hombres.

Esto a su vez plantea el desafío actual de contar con una escasa disponibilidad de políticas públicas de comercio internacional con enfoque de género, ya que, al no tener suficientes datos desagregados o actualizados por género, edad, etnia, entre otros, se complejiza y dificulta el planteamiento de soluciones que respondan efectivamente a las demandas y necesidades existentes.

Es de vital importancia que los países articulen acciones y políticas para la promoción y creación de una nueva generación de políticas públicas que garanticen la equidad y la igualdad de género en torno a las actividades del comercio internacional.  Para ello, los gobiernos pueden, por ejemplo, recopilar información relevante desagregada por género a partir del desarrollo de sus actividades comerciales o construir acuerdos y convenios que expliciten medidas diferenciadas entre hombres y mujeres, con el fin de reducir las brechas existentes.

Otra acción posible es la suscripción de acuerdos comerciales que aseguren y garanticen el no debilitamiento o perjuicio de los derechos de las mujeres. Esto se puede lograr mediante la incorporación de capítulos especializados en la protección de los derechos de las mujeres en los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales, así como también, mediante la generación de compromisos de no debilitamiento ni reducción de los acuerdos previamente alcanzados para la protección de los derechos de las mujeres. (Comisión Europea, 2018:172-173)

Mecanismos y herramientas vinculados al comercio internacional con enfoque interseccional de género  

Para hacer frente a los desafíos que se presentan y para garantizar una vinculación e incorporación adecuada del enfoque de género en el comercio, es necesario conocer y considerar ciertos mecanismos, herramientas y alianzas que impulsen los objetivos propuestos para trabajar por medio de acciones colectivas sólidas y transformadoras. 

Según la CEPAL algunas de las herramientas y acciones clave necesarias de incorporar en el comercio internacional son: la generación de datos sobre comercio y género, evaluación de resultados del comercio sobre temas de género, capítulos de género en acuerdos comerciales, transversalizar el enfoque interseccional del género en disciplinas comerciales, medidas de facilitación del comercio con enfoque de género y la promoción del emprendimiento exportador (CEPAL, 2019).  

La mayoría de la evidencia existente resalta el impacto positivo del comercio en la promoción de la igualdad de género. Sin embargo, para maximizar las ventajas para las mujeres, es imperativo que las personas formuladoras de políticas aborden de manera proactiva los retos específicos asociados al comercio. Esto implica la implementación de estrategias complementarias diseñadas para asegurar la plena participación femenina en la economía. Así lo indican estudios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM).

Como parte de una nueva generación de políticas públicas para el comercio internacional con enfoque de género, es necesario que se contemple la recolección de datos de manera desagregada desde el diseño de las políticas, planes, programas y proyectos. Con esta información permitiría crear bases de datos para medir los impactos de las políticas públicas desarrolladas, lo que facilitará el análisis de género y la realización de los ajustes necesarios para lograr igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

Además, teniendo en cuenta que uno de los mayores retos se encuentra vinculado al faltante de datos, es importante reconocer que a nivel internacional se han impulsado propuestas de directrices que orientan a los países a realizar mediciones sobre las estadísticas de género. Es necesario que, a nivel interamericano, se promuevan estas iniciativas, para la consolidación de datos desagregados por género vinculados a los sistemas agroalimentarios.

Esta meta es clave no solo para visibilizar las desigualdades y las brechas estructurales, sino también para proyectar de manera cuantitativa y cualitativa todas las acciones de cooperación técnica internacional a nivel hemisférico tendientes a generar un sistema más igualitario.

Otra acción que pueden desarrollar los gobiernos de la región es el impulso de campañas o la creación de incentivos comerciales para que aquellas empresas que incorporen políticas de cuotas o compromisos de contratación de mujeres en puestos mejor remunerados, no solo en los puestos más bajos de la cadena de producción. Finalmente, es importante mencionar el compromiso de los Estados y de los demás actores involucrados es esencial para incentivar financiamiento que promueva estudios e iniciativas para la incorporación y vinculación del enfoque de género en el comercio internacional. Tal como lo es el caso de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con la implementación del Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales (MEPC), el cual surge con la finalidad de contribuir a un mejor funcionamiento y transparencia en las políticas y prácticas del sistema multilateral en el área del comercio. Este mecanismo, además, facilita la apreciación y evaluación de aquellas políticas y prácticas de los distintos miembros y de su repercusión en el sistema. (OMC, 2023)

Esquema 1. Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC

Fuente: elaboración propia con información de (OMC y BM, 2020) 

A pesar de que en los últimos años la igualdad de género se ha vuelto un tema más presente y se han generado avances importantes en el comercio internacional, la creación de bases de datos desagregados por género continúa siendo uno de los retos principales para avanzar en la reducción de desigualdades y tomar mejores decisiones entorno al comercio internacional.

 Es necesario unir esfuerzos entre los gobiernos del hemisferio, la academia y los organismos multilaterales para construir un entorno comercial más equitativo, con mayor capacidad de toma de decisiones y con la posibilidad de generar acciones dirigidas a consolidar un sistema de comercio internacional más igualitario y libre de brechas de género.

Conocer de experiencias positivas en la incorporación del enfoque de género en las políticas comerciales es alentador para las Américas y para el sector agroalimentario. La autonomía económica de las mujeres solo será posible de alcanzarse por completo cuando las condiciones de comercialización y de inclusión financiera sean iguales para ambos géneros.


Referencias 

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BM (Banco Mundial) & OMC (Organización Mundial del Comercio). 2020. Las Mujeres y El Comercio El papel del comercio en la promoción de la igualdad de género (en línea). Disponible: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/women_trade_pub2807_s.pdf

BID (Banco Interamericano de Desarrollo), INTAL (Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe). 2020. Género y comercio: Una relación a distintas velocidades (en línea). Disponible: https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Genero-y-comercio-Una-relacion-a-distintas-velocidades.pdf

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2022. ¿Qué es la interseccionalidad y por qué te importa saberlo? (en línea). Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado el 6 de dic. 2023. Disponible en https://blogs.iadb.org/igualdad/es/que-es-interseccionalidad/

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CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ONU MUJERES (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres). 2024. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género a 2023 (LC/TS.2024/19) (en línea). Disponible: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/22c106e3-3bdc-4569-b8f9-cbed84edf582/content

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PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y RED-LAC (Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales) 2023. Las Voces de las Mujeres Rurales en América Latina y el Caribe ante las Crisis Multidimensionales. Disponible: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/mujeres_rurales_final_sept.pdf  

UNCTAD. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). 2023. Mejorar las estadísticas sobre género y comercio en los países en desarrollo (en línea). Disponible: https://unctad.org/es/news/mejorar-las-estadisticas-sobre-genero-y-comercio-en-los-paises-en-desarrollo

ONU MUJERES. S.f. Redistribuir el trabajo no remunerado (en línea). Disponible: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work#notes

Introducción a la economía de los cuidados 

En el contexto global actual, los cuidados revelan desigualdades arraigadas y desafíos contemporáneos. A lo largo de las últimas décadas, el trabajo de cuidados ha evolucionado de ser una responsabilidad mayoritariamente femenina y no remunerada a ocupar un lugar central en la agenda pública y política. Este cambio ha sido impulsado por la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que ha expuesto la carga de la llamada doble jornada y cuestionado la tradicional división sexual del trabajo. Desde una perspectiva feminista, se promueva una economía de los cuidados que reconozca el valor económico y social de estas labores, proponiendo una reorganización que equilibre las responsabilidades entre géneros y fortalezca políticas públicas integrales y sistemas de cuidado. En América Latina y el Caribe, este enfoque adquiere relevancia adicional, enfrentando desigualdades históricas y demandando una redistribución más igualitaria de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el mercado, las comunidades y las familias. 

Para abordar esta cuestión, es importante considerar la definición de los cuidados. Se entienden los cuidados como aquellas actividades que contribuyen a la supervivencia de las personas en sociedad, lo que incluye el autocuidado, el cuidado a otras personas, la provisión para las condiciones necesarias que requiere cuidar, y la gestión de los cuidados (Rodríguez, 2015). Son, en definitiva, un componente central que sostiene y produce el bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, se encargan de la sostenibilidad de la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, ni las tareas ni los beneficios que se extraen de los cuidados se distribuyen de forma equitativa entre las instituciones responsables de ellos. A partir de la responsabilidad desequilibrada de las instituciones en los cuidados es que se debe dar un énfasis específico y concreto a un abordaje integral de la solución a los problemas de gestión actuales que sufre el reparto de los cuidados. 

El abordaje del concepto desde la Economía Feminista enfatiza la necesidad de comprender los cuidados en un sentido integral, que va más allá de la mera asistencia física, incluyendo actividades esenciales para la supervivencia diaria en la sociedad, como el autocuidado, el cuidado directo de otros y la gestión del cuidado. Esta visión holística, con las particularidades propias del contexto de referencia, destaca la relevancia de valorar los trabajos de cuidados en todas sus dimensiones, tanto remunerados como no remunerados, lo que tiene implicaciones tanto a nivel individual como estructural en las sociedades contemporáneas. 

El abordaje de los cuidados ha sido ampliamente abordado por la Economía Feminista, una rama de pensamiento económico heterodoxo que resalta el impacto diferenciador que la economía tiene sobre las personas de acuerdo con las condiciones de privilegio o vulnerabilidad con las que cuentan. La conceptualización del concepto surgió a partir de figuras como Priscilla Wakefield, Harriet Taylor o Julie Victorie Daubié, entre otras, quienes contribuyeron en el cuestionamiento de la exclusión sistemática de las mujeres en el pensamiento económico convencional, destacando la importancia del trabajo doméstico y su equiparación con el empleo remunerado (Observatorio de Igualdad y Empleo, 2020). Estos posicionamientos, que inicialmente relacionaban los cuidados con el mundo de lo productivo, fueron centrales en el asentamiento de las bases para los posteriores análisis que se adentraron en la comprensión del papel subsidiario de las mujeres en la economía y las consecuencias para sus experiencias vitales. De esta forma, la Economía Feminista ha sido pionera en el reconocimiento de la problemática histórica del trabajo de cuidados, especialmente a partir de las reflexiones surgidas en los años 70. Este debate, influenciado por la teoría marxista, subrayó la importancia de reconocer el trabajo de cuidados no remunerado en el contexto de la acumulación capitalista y sus implicaciones en la explotación de las mujeres, tanto por parte de empleadores como de esposos (Esquivel, 2011). 

Aunque se ha conceptualizado acerca de la cuestión de los cuidados se trata del siglo XVIII, no es hasta los años setenta del siglo pasado el trabajo de cuidados se ha ido incorporando a la agenda pública, y actualmente se encuentran en el punto de mira de la política. En los primeros análisis del cuidado se centran en la división sexual del trabajo, en la que se separa los espacios públicos y privados y hacen una diferenciación entre el trabajo productivo y el reproductivo, considerado. Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, marcado por unos estrictos horarios y condiciones laborales precarias en muchos casos, modifican la organización tanto de la familia como del trabajo de cuidados. Esta incorporación de las mujeres al empleo visibilizó la sobrecarga de trabajo que supone la denominada doble jornada (una en el trabajo remunerado y otra en el hogar) (Cabezas y Fernández, 2017). 

Desde la perspectiva feminista, se busca incidir en la persistente división sexual entre los trabajos productivo y reproductivo, sin llegar a dotar de valor económico y social al trabajo de cuidados. Con el objetivo de desnaturalizar la vinculación entre cuidados y mujeres, la economía feminista utiliza el término “economía de los cuidados” para enfatizar en la relevancia económica y social de este trabajo no remunerado. Esta rama del pensamiento planea que el trabajo de cuidados constituye un eje analítico central para conseguir una economía centrada en las personas y sus necesidades, y la importancia que tienen como cimientos para el mantenimiento de la economía actual (Ezquerra, 2012).  

Existen graves deficiencias actualmente en lo que a gestión de los cuidados se refiere, dado que tanto en el contexto internacional, como en el del hemisferio americano hay una crisis de cuidados y de reproducción de dimensiones que cada vez contribuyen en mayor medida a la insostenibilidad del sistema tal y como se encuentra configurado en la actualidad. Así, la problemática derivada del desequilibrado reparto de los cuidados adquiere mayores dimensiones y refleja particularidades propias en contextos rurales, ya que en estos territorios se agudizan las desigualdades por cuestión de género en las dimensiones política, económica y social.  

En América Latina y el Caribe, la conversación sobre promover una economía de los cuidados ha sido impulsada en mayor medida por instancias supranacionales que por demandas directas de movimientos feministas de la región. Esto plantea interrogantes sobre el enfoque histórico y tradicional hacia los cuidados. Dado que el cuidado ha sido tradicionalmente visto como una responsabilidad natural de las mujeres, no se ha percibido como una prioridad en la agenda pública hasta que surgió una «crisis de los cuidados», fenómeno observado principalmente en países europeos y del Norte Global. Sin embargo, destaca su relevancia en contextos marcados por profundas desigualdades como América Latina, donde el predominio del libre mercado agrava las disparidades de ingresos y aumenta la carga sobre las mujeres de hogares con recursos limitados. Esta situación dificulta su participación en el mercado laboral y la generación de ingresos, especialmente si los cuidados no se integran adecuadamente en las políticas públicas (Esquivel, 2011). 

La divergente distribución de las tareas de cuidados, junto con la escasa intervención de instituciones para su resolución, hace que las brechas se profundicen en estos territorios, afectando más gravemente a las mujeres del medio rural que al común de la población femenina del país. Al tiempo, no debemos olvidar que los problemas derivados de la falta de compromiso del mercado y el Estado con la reproducción social y los roles de género tradicionales están más presentes y son más pronunciados en Latinoamérica al vincularse con un menor papel del Estado, mayores niveles de informalidad laboral y roles de género más profundamente arraigados.  

Por ello, la acción para llegar a cabo un cambio en esta línea se hace necesario, y la participación de todas las instituciones responsables debe ser, eventualmente, inevitable. Desde la CEPAL (CEPAL, 2022), expone la necesidad de transitar hacia una sociedad de los cuidados, un “estilo alternativo y propositivo y una organización social que situé la sostenibilidad de la vida como objetivo prioritario, alrededor del cual se debe estructurar el resto de los objetos” (Cepal, 2022: 95). Para ello, lo más necesario es poder vincular y reconocer la dinámica que conectan el mercado laboral con la reproducción social que no se remunera. Por otro lado, desde las políticas públicas se busca fortalecer y complementar políticas y sistemas integrales de cuidado 

En relación con esta temática, el IICA, dentro del marco del Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas (IICA, 2022) expuso la necesidad de dar importancia a las aristas entre las mujeres rurales y las políticas de cuidados, centradas en la creación de información desagregada y actualizada sobre las cargas de cuidados, transversalizar los pilares del cuidado en las actividades productivas y en los presupuestos de proyectos de inversión. Además, el IICA pone un poco particular sobre la necesidad de abordar con mayor contundencia la necesidad de aumentar los niveles de corresponsabilidad de parte de todos los actores del sistema para redistribuir la oferta de cuidados entre el Estado, el mercado, las comunidades y las familias. Esto lograría una transformación cultural en la que la deconstrucción de los roles de género y la desfeminización del cuidado fuese posible, y a su vez promover la distribución del cuidado entre hombres y mujeres en los hogares.  


Referencias 

Cabezas, A. & Fernández, E. (2017). Implementar políticas de atención para promover la igualdad de género inclusiva. XIII Congreso AECPA. Recuperado de: https://aecpa.es/es-es/implementar-politicas-de-atencion-para-promover-la-igualdad-de-genero/congress-papers/2401/ 

CEPAL, (2022). La Sociedad del cuidado: Horizonte de recuperación sostenible con igualdad de género. XV Conferencia Regional sobre Mujer de América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina. 7 de noviembre de 2022. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977-86d51798e0dc/content 

Esquivel, V. (2011). La Economía del cuidado en América Latina: Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. Atando cabos deshaciendo nudos, Aréa de práctica de género. PNUD. Recuperado de: https://www.gemlac.org/attachments/article/325/Atando_Cabos.pdf  

Ezquerra, S. (2012). Crisis de los cuidados y crisis sistémica: la reproducción como pilar de la llamada Economía real. Investigaciones Feministas. Universitat de Vic, Barcelona, vol 2. 175-194. Recuperado de: https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/38610/37335 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (s.f). Recuperado de: https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/21343/1.jpg?sequence=1&isAllowed=y 

Observatorio de Igualdad y Empleo (2020). La economía feminista a lo largo del tiempo. Recuperado de: https://www.observatorioigualdadyempleo.es/la-economia-feminista-a-lo-largo-del-tiempo/  

OIG, (2020). La Economía del Cuidado como acelerador del cambio estructural con igualdad. CEPAL. División de Asuntos de Género, N 30. 6 de marzo de 2020. Recuperado de: https://oig.cepal.org/sites/default/files/no30_esp_-_economia_del_cuidado.pdf 

Rodríguez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. Revista Nueva Sociedad, (256), 20-44. Recuperado de: https://static.nuso.org/media/articles/downloads/4102_1.pdf 

Género en el Observatorio de Políticas Públicas del IICA 

Introducción

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzó en el año 2022 el Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios (OPSAa) con el objetivo de servir como “punto de encuentro para intercambiar conocimientos e impulsar una generación de políticas públicas que fortalezcan los sistemas agroalimentarios del continente americano” (IICA:2023:8)

Este observatorio es una plataforma en línea en la cual las personas relacionadas con los sistemas agroalimentarios pueden encontrar la más actualizada información sobre políticas, estudios, publicaciones, estadísticas y otros materiales de conocimiento desarrollados por el IICA, por los Estados Miembros y por cualquier otra organización que publique en las áreas temáticas que el Instituto brinda cooperación técnica[1]. Esta plataforma también facilita el contacto con personas técnicas e investigadoras, así como con personas tomadoras de decisión, permitiendo formar espacios de diálogo, análisis, debate y construcción colectiva. Además, por medio de la plataforma se puede acceder a buenas prácticas de políticas públicas en materia agroalimentaria, impulsadas por los países de las Américas.

Aunado a estos beneficios, OPSAa representa un espacio de soporte para las mujeres vinculadas a los sistemas agroalimentarios. La información disponible en el Sistema constituye un espacio de conocimiento accesible, libre y gratuito al cual se puede recurrir para el desarrollo de más y mejores conocimientos en materia de género en los sistemas agroalimentarios.  

Acciones con enfoque de género

El Observatorio permite acceder al conocimiento en múltiples áreas temáticas, una de ellas, es la de género y juventudes. Con un enfoque interseccional e intergeneracional, el Programa de Equidad de Género y Juventudes del IICA, pone a disposición múltiples fuentes de información relacionadas a género en los sistemas agroalimentarios.

Una de las secciones en las que el Programa ha venido fortaleciendo su aporte al observatorio es la de Marcos de Política. Esta sección está compuesta por lineamientos, estratégicas, reglamentos, resoluciones y acuerdos que configuran el accionar del Estado. En este segmento también es posible encontrar leyes y políticas públicas destinadas a proteger y generar inclusión para las mujeres. En total a diciembre del 2024, se tiene la posibilidad de acceder a 227 registros, de los cuales 183 se ubican temporalmente entre el año 2000 y el 2024.

Asimismo, el segmento de recursos relacionados con género está compuesto por una variedad de documentos como informes, investigaciones, publicaciones, vídeos y artículos académicos, entro otros. En total es posible acceder a 185 recursos que permiten adquirir información actualizada sobre la situación de las mujeres vinculadas a los sistemas agroalimentarios.

Sistematización de Políticas Públicas

Uno de los grandes problemas que enfrentan las mujeres rurales es el desconocimiento de sus derechos y de las acciones que debe llevar a cabo el Estado para garantizarles la igualdad de acceso a oportunidades y al desarrollo. A través del OPSAa, se tiene la posibilidad de informarse sobre qué acciones de política pública, como leyes, planes de acción, proyectos, cursos, entre otros, se están desarrollando en sus países.

El Programa también pone a disposición información sobre proyectos de capacitación y formación que se están desarrollando para mejorar las condiciones y capacidades de las mujeres en los entornos rurales y en los sistemas agroalimentarios. Facilitar a las mujeres rurales el conocimiento sobre proyectos de formación a los que pueden acceder en sus comunicades o desde sus casas es sumamente estratégico para el fortalecimiento de su autonomía. 

Cabe resaltar que el Observatorio dispone de una sección de Buenas Prácticas, en la cual se puede indagar sobre proyectos que, dado su impacto, son considerados buenas prácticas. La visibilización de las buenas prácticas es un valor agregado del Observatorio, ya que le permite tanto a las personas tomadoras de decisiones como a la ciudadanía, inspirarse en proyectos que han resultado exitosos para crear proyectos que puedan implementarse en sus territorios.

Variedad Temática

El Observatorio cuenta con recursos en una amplia variedad temática, como por ejemplo   género y cambio climático, permitiendo conocer sobre los efectos del cambio climático en la vida de las mujeres, al mismo tiempo que da a conocer acciones para contrarrestar el impacto de este fenómeno en la vida de las mujeres vinculadas a los sistemas agroalimentarios.

De igual forma, informes sobre normativa, guías de implementación o diagnósticos específicos en materia de cuidados y economía de los cuidados en las Américas están disponibles en OPSAa. Esta es una temática que si bien ha venido adquiriendo fuerza en los últimos años sigue estaban infrarrepresentada en las acciones de política pública para los sistemas agroalimentarios que desarrollan los Estados.

Dado lo anterior, tener a disposición de las personas tomadoras de decisión información es esta materia es sumamente importante de cara a la construcción de nuevas acciones de política pública que vengan a equilibrar la distribución de las cargas de cuidados en los entornos rurales, así como a visibilizar y cuantificar el aporte que hacen las mujeres rurales a la economía por medio del trabajo de cuidados.

Otro aspecto fundamental, es que el PEGyJ por medio del OPSAa pone a disposición investigaciones con respecto al impacto que tuvo la COVID-19 en las mujeres rurales y los sistemas agroalimentarios. Si bien la pandemia afectó a todas las poblaciones y se dieron perdidas de vidas en todos los rincones del planeta, el estudio del impacto de la COVID-19 en las condiciones de vida de las mujeres es necesario ya que evidencia brechas existentes en la protección de las mujeres ante fenómenos de este tipo.

Conclusiones

El Programa de Equidad de Género y Juventudes, a través del OPSAa, pone a disposición más de 24 años de conocimiento en materia de género y mujeres, relacionándolo con los entornos rurales y los sistemas agroalimentarios. Incorporando materiales de una amplia variedad de autores con el objetivo de transmitir conocimiento a lo largo de todas las cadenas agroalimentarias.

Al mismo tiempo, brinda acceso a una diversidad de más de 10 áreas temáticas relacionadas con género y las mujeres rurales, sirviendo de fuente de información para la toma de decisiones en ámbitos que van desde experiencias exitosas de regulación y legislación de género hasta el desarrollo de proyectos en comunidades específicas de las Américas.

Con este trabajo se espera que la dispersión de la información relacionada con el enfoque de género y las mujeres rurales no sea un obstáculo para aquellas personas que trabajan innovando y poniendo en práctica acciones para generar sistemas más igualitarios. Por el contrario, el Programa espera facilitar el desarrollo de iniciativas dirigidas a mujeres, así como para visibilizar e igualar las condiciones en las que estas producen y trabajan.

El desarrollo de políticas públicas inclusivas y sostenibles requiere del esfuerzo de todos los actores de los sistemas agroalimentarios, por lo que el equipo del PEGyJ invita a las mujeres rurales y a las personas tomadoras de decisiones de política pública a utilizar el Observatorio como un espacio de encuentro y conocimiento para la igualdad de género en las Américas.


[1]  Las áreas de Cooperación Técnica del IICA son: 1) Innovación y Bioeconomía, 2) Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar, 3) Comercio Internacional e Integración Regional, 4) Acción Climática y Sostenibilidad Agropecuaria,5) Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Agroalimentos, 6) Digitalización Agroalimentaria, y 7) Equidad de Género y Juventudes.

Corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios: Un desafío hacia la igualdad de género en las zonas rurales

Introducción

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, conmemorado cada 15 de octubre, reconoce la contribución de las mujeres a las áreas rurales. En las Américas, las mujeres rurales son una pieza clave en los sistemas agroalimentarios, contribuyendo a la seguridad alimentaria (ONU Mujeres 2012) y contribuyen en mayor medida a la adaptación al cambio climático y a que sus comunidades incrementen sus niveles de resiliencia (FIDA 2022).

Abordaremos en este artículo cómo la falta de corresponsabilidad agrava las desigualdades de género en las áreas rurales de las Américas y cómo un enfoque más equilibrado, donde todos los actores asuman su parte de las responsabilidades, podría fomentar un sistema agroalimentario más justo y sostenible.

La corresponsabilidad en el marco de los sistemas agroalimentarios

Una definición ampliamente utilizada de corresponsabilidad es la que hace alusión a la corresponsabilidad familiar, término que puede definirse como la distribución equilibrada entre los hombres y las mujeres de las tareas de cuidado. Sin embargo, definiciones como esta, aunque enfatizan la necesidad de un reparto equitativo de las responsabilidades dentro del ámbito familiar, omite no solo el resto de los ámbitos fuera del reproductivo, como el comunitario o productivo, sino que, además, no aborda las implicaciones que la falta de corresponsabilidad en el ámbito familiar puede llegar a suponer. De igual forma, no considera la influencia del mercado y las políticas públicas, es decir, resulta incompleta si se desea introducir el término en el marco de los sistemas agroalimentarios. 

Partiendo de una visión más amplia, de sistema, se considera a la corresponsabilidad como un enfoque integral, la cual, busca distribuir equitativamente las responsabilidades del cuidado entre el Estado, el sector privado, las organizaciones y las familias, con el fin de reducir la carga que históricamente ha recaído sobre las mujeres.

En el contexto de los sistemas agroalimentarios, esto implica que hombres y mujeres compartan no solo las responsabilidades de cuidado y las productivas, sino también el acceso a recursos, la toma de decisiones y los beneficios derivados de la producción agrícola. Además, implica que las instituciones locales, regionales y nacionales, el sector privado y las organizaciones asuman su papel en la promoción de entornos en los que, además, se reconozca y valore el trabajo de las mujeres rurales y se promueva el abordaje integral de la corresponsabilidad para que también puedan participar de los beneficios de los sistemas agroalimentarios en igualdad de condiciones (Vaca 2019). 

La falta de corresponsabilidad y su impacto en las mujeres rurales

Ante la ausencia de un enfoque integral de corresponsabilidad, las mujeres enfrentan una doble carga: por un lado, el trabajo no remunerado en el hogar, que abarca el cuidado de menores, personas mayores y las tareas domésticas, como cocinar, gestionar horarios, además de brindar apoyo emocional al resto de miembros de la familia; y, por otro lado, el trabajo en la agricultura y actividades relacionadas, que suelen desarrollarse en condiciones de informalidad y baja remuneración (Ramos 2023). Siendo uno de los principales desafíos el dejar de considerar el aporte de las mujeres rurales al sector agrícola como parte de las responsabilidades domésticas no remuneradas, mientras que, en el caso de los hombres, rara vez se cuestiona la necesidad que deba ser remunerado (ONU Mujeres 2012). 

Las mujeres rurales no solo son responsables de labores agrícolas, sino también de gestionar la seguridad alimentaria de sus hogares, cumplir con tareas de cuidado no remuneradas y enfrentar el acceso limitado a recursos productivos, como la tierra y el crédito (FAO, 2024). Esta situación no solo limita el acceso de las mujeres a mejores oportunidades económicas, sino que también perpetúa un ciclo de pobreza y dependencia financiera (Wood 1997).

Sin corresponsabilidad, las mujeres quedan atrapadas en un ciclo que limita su autonomía económica y su capacidad para romper con patrones de pobreza que termina siendo intergeneracional (Carcedo y Kennedy 2017). El desequilibrio entre la distribución del trabajo agrícola y de cuidados, reduce el tiempo y los recursos que las mujeres pueden invertir en actividades como mejorar su productividad, participar activamente en la toma de decisiones comunitarias, o de contar, simplemente, con tiempo de ocio y personal.

Relación entre corresponsabilidad y desigualdades en el acceso a los recursos y al poder

El acceso a recursos productivos se encuentra profundamente limitado para las mujeres rurales dentro de los sistemas agroalimentarios. El limitado acceso a recursos financieros, tecnológicos, al acceso a crédito y a capacitación técnica, reduce la capacidad de las mujeres para mejorar su productividad y participar en mercados productivos (Ramírez 2011). La falta de corresponsabilidad integral, no solo perjudica la participación de las mujeres, sino que también afecta el proceso de transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes.

Uno de los principales desafíos para las mujeres rurales en las Américas es el acceso a la tierra. Aunque representan una parte significativa de la fuerza laboral agrícola, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de ser propietarias de tierras (Schling y Pazos 2022). Este problema está profundamente arraigado en factores estructurales, ya que, aunque la legislación de muchos países en la región permite que las mujeres sean propietarias de tierras, la realidad es que las normas sociales, las barreras económicas y la falta de políticas efectivas impiden que ejerzan plenamente ese derecho.

Aunado a ello, la falta de corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios profundiza las desigualdades que se dan en el uso y manejo del poder. La limitada participación de las mujeres rurales en los espacios de toma de decisiones, restringen su rol en los procesos de generación de políticas, programas y proyectos y perpetúa un sistema que no responde a la realidad nacional. Las necesidades y perspectivas de las mujeres rurales deben ser parte de los procesos de construcción de las estrategias de desarrollo e incidir en los procesos de generación de políticas y normativas.

Enfocar acciones solo en las mujeres – Un error conceptual para abordar tanto el problema como la solución

Históricamente, las acciones realizadas en el marco de la cooperación al desarrollo diseñadas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres se han centrado en ellas como si fueran los únicos actores del sistema con los que trabajar los problemas que se dan por cuestión de género (Morales, 2021). Es, en parte por esto, que usualmente se asume que la solución a las desigualdades que sufren pasa por capacitar a las mujeres o brindarles herramientas, sin cuestionar las estructuras subyacentes que perpetúan estas desigualdades. Este enfoque, conocido como Mujeres en Desarrollo (o MED), no reconoce que la verdadera problemática radica en la falta de un enfoque integral de corresponsabilidad, que incluya a hombres y a las instituciones en la redistribución de tareas, responsabilidades y recursos.

Las mujeres rurales enfrentan desafíos aún mayores cuando no se involucra al resto de actores en la redistribución de estas responsabilidades. El enfoque de Género en Desarrollo (GED) propone que, en la ecuación se aborde el entendimiento de las realidades de las mujeres y de los hombres, así como las relaciones y dinámicas que se extienden cuando ambas partes interactúan (CONAVIM 2023). 

Por ende, el enfoque GED plantea que los hombres deben asumir una parte equitativa en las tareas de cuidados y productivas, y que el resto de los actores del sistema, en este caso, de los sistemas agroalimentarios, también sean corresponsables en la creación de condiciones que permitan flexibilizar los roles de género actuales. El enfoque GED no solo busca corregir los síntomas de la desigualdad, sino transformar las estructuras que la perpetúan, promoviendo un desarrollo más justo y sostenible que disminuya el impacto negativo sobre las mujeres rurales, lo cual implica necesariamente, trabajar bajo una perspectiva de corresponsabilidad integral.

¿Cómo avanzar hacia un enfoque de corresponsabilidad en los Sistemas Agroalimentarios?

Un enfoque de corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios implica un cambio profundo en la forma en que se distribuyen las responsabilidades, el trabajo y los recursos entre todos los actores del sistema. 

Una de las áreas clave para promover la corresponsabilidad es que las organizaciones deben asegurar que sus propias estructuras internas incorporen un enfoque GED. Esto implica trabajar en la sensibilización de sus miembros sobre la importancia de la corresponsabilidad, así como diseñar proyectos, programas y otras iniciativas que promuevan cambios profundos en las dinámicas de género en las comunidades rurales.

En segundo lugar, las organizaciones deben garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las etapas de las acciones que promuevan en los sistemas agroalimentarios, desde la toma de decisiones hasta el acceso a recursos productivos, como la tierra, el crédito y la tecnología. 

De la misma forma, para que las organizaciones puedan contribuir de manera efectiva a un enfoque corresponsable en los sistemas agroalimentarios, es fundamental que integren el enfoque de género en sus presupuestos y planificación estratégica. Esta integración no debe considerarse como un aspecto opcional, sino como una línea prioritaria.

Otro aspecto clave es el papel de las instituciones locales, regionales y nacionales. Estas deben ser corresponsables en la creación de políticas y programas que favorezcan una distribución equitativa de las responsabilidades y los recursos, tomando en cuenta las necesidades y realidades específicas de las mujeres rurales. Las organizaciones deben trabajar en alianza con las instituciones para asegurar que los marcos normativos y programáticos promuevan la igualdad de género en los sistemas agroalimentarios.

Asimismo, es clave que las organizaciones trabajen junto al sector privado para promover, por ejemplo, certificaciones y programas que valoren la participación igualitaria de mujeres y hombres en las cadenas de valor agroalimentarias. Esto puede incluir incentivos que recompensen a quienes adopten prácticas igualitarias, contribuyendo así a crear un entorno favorable para la igualdad de género.

En última instancia, las organizaciones deben impulsar iniciativas que involucren a los hombres en el trabajo de la corresponsabilidad, tanto en las labores productivas como en las de cuidados. Esto puede lograrse a través de campañas de sensibilización y formación que desafíen los roles tradicionales de género, fomentando un reparto más justo de las tareas de cuidados y en el ámbito comunitario.

Conclusiones

La falta de corresponsabilidad en los sistemas agroalimentarios no es solo un problema que afecta a las mujeres rurales; es una barrera estructural que frena el desarrollo sostenible y la equidad de género en las Américas. Cada vez se torna más evidente que la falta de una distribución equitativa de las responsabilidades productivas, de cuidados y el acceso a recursos, perpetúa las desigualdades que limitan el potencial de las mujeres rurales y, por ende, el progreso de sus comunidades.

Aunque el enfoque tradicional se ha centrado únicamente en las mujeres, es momento de reconocer que no es suficiente. Se requiere un cambio sistémico que involucre a todos los actores en la redistribución de tareas y la creación de condiciones que permitan a las mujeres participar en igualdad de condiciones en los sistemas agroalimentarios, es decir, avanzar hacia un enfoque de corresponsabilidad para aliviar la doble carga que enfrentan las mujeres rurales.

No abordar de una manera integral, desde un enfoque de género que considere la corresponsabilidad, no solo se perpetúan las desigualdades existentes, sino que también se pone en riesgo el desarrollo de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles para todas las personas.

Firma del acuerdo entre Comisión Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

En un paso más hacia la promoción de la igualdad de género en el ámbito rural, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) firmaron Acuerdo General de Cooperación Técnica entre la CIM y el IICA. La firma tuvo lugar el 22 de agosto de 2023, durante la IV edición del Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas.

La CIM, el primer órgano intergubernamental dedicado a asegurar los derechos humanos de las mujeres y el único foro político hemisférico sobre igualdad de género está compuesta por 34 delegadas, una por cada Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas delegadas, generalmente las máximas autoridades en temas de mujeres e igualdad de género en sus respectivos países se reúnen cada tres años para acordar los planes y programas de trabajo de la CIM.

Por su parte, el IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano, con vasta experiencia en tecnología e innovación agrícola, sanidad agropecuaria, calidad e inocuidad de alimentos, comercio agropecuario internacional, agricultura familiar, desarrollo rural, gestión de recursos, así como en género y juventudes. El Instituto apoya los esfuerzos de los 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

El acuerdo firmado busca establecer acciones con enfoque de género para promover la igualdad en los sistemas agroalimentarios de las Américas, contribuyendo así a la promoción del desarrollo y bienestar de las mujeres rurales del hemisferio.

Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM, declaró:

Manuel Otero, Director General del IICA, también destacó la importancia de este acuerdo:

Este acuerdo representa un compromiso renovado por parte de ambas instituciones para impulsar la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales en toda América.

Reconociendo el papel de las mujeres campesinas en la economía del cuidado de LAC 

La economía del cuidado 

La noción de cuidado se refiere a actividades que satisfacen las necesidades básicas de existencia y reproducción. Las actividades de cuidado incluyen el autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la provisión de las condiciones previas en las que se lleva a cabo el cuidado (cuidado indirecto) y la gestión del cuidado. Los cuidados permiten a las personas cubrir sus necesidades, las de las personas dependientes (por su edad o sus condiciones/capacidades) y aquellas que podrían autoproporcionarse dichos cuidados (Rodríguez Enríquez, 2005; Esquivel, 2011; ELA, 2012; Pautassi y Zibecchi, 2013). ). La economía del cuidado abarca todas las actividades de cuidado, independientemente de si son remuneradas (formal o informalmente) o no. A pesar de no ser reconocida en gran medida, la economía del cuidado representa aproximadamente el 25% del PIB de la región de América Latina y el Caribe (Salazar-Xirinachs, et. al., 2023). 

División de responsabilidades de atención 

En la región, la división de las responsabilidades de cuidado entre los sexos es en gran medida desigual. Las mujeres son responsables de tres cuartas partes del PIB correspondiente a la economía del cuidado (PNUD, 2024). La socialización de las mujeres como cuidadoras principales se ve reforzada por los roles de género tradicionales. A nivel mundial, las niñas de entre 10 y 14 años dedican un 50% más de tiempo ayudando en la casa que los niños de la misma edad (UNICEF, 2016). A medida que las niñas crecen, otras normas sociales dañinas, como la violencia de género, el matrimonio infantil, las prácticas de contratación discriminatorias y el acceso limitado al capital u otros activos, empujan a las mujeres a dedicarse a actividades de cuidado, a menudo como trabajadoras no remuneradas o participantes en la economía informal. , en tasas significativamente más altas que los hombres. 

Atención no remunerada  

A pesar de las enormes diferencias regionales, en general se reconoce que las mujeres realizan más trabajos de cuidados no remunerados que los hombres. Además, las mujeres rurales realizan más trabajos de cuidados no remunerados que las de las zonas urbanas. En zonas con una alta prevalencia de agricultura de subsistencia, el “trabajo doméstico” realizado por las mujeres rurales consolida su papel como garantes de la seguridad alimentaria del hogar. Son las principales responsables de la producción, procesamiento y preparación de alimentos, mientras que los hombres suelen participar en el cultivo de cultivos comerciales. La alimentación, cría, cosecha, recolección y procesamiento de especies de peces, ovinos, bovinos, caprinos, porcinos, conejos y aves para el autoconsumo es una parte esencial del cuidado indirecto que realizan las mujeres rurales. Después de la cosecha y el procesamiento de los alimentos, también se espera que las mujeres preparen las comidas para el hogar. Encuestas realizadas en una amplia gama de países afirmaron que entre el 85% y el 90% del tiempo dedicado a la preparación de alimentos en el hogar lo realizan mujeres que también son responsables de otras formas de cuidados no remunerados, como recoger agua y leña (Gailán, C., 2023). . Aparte de la producción agrícola, no vale la pena que muchas otras necesidades de cuidados sean cubiertas por mujeres de la familia como trabajo no remunerado. Estas actividades van desde limpiar, amamantar, organizar el transporte, cuidar a familiares enfermos, ayudar a los niños con las tareas y más. 

Atención remunerada e informalidad  

Equilibrar las actividades de cuidado con otras obligaciones impone límites al empleo formal de las mujeres. Especialmente en las zonas rurales, las mujeres tienen menos acceso a los servicios financieros, las actividades productivas, las tecnologías y la educación en comparación con los hombres (FAO). Como resultado, las mujeres rurales que buscan trabajo fuera del hogar a menudo participan en la economía informal debido a una menor barrera de entrada. Aproximadamente el 58% de las mujeres están empleadas en el sector informal en comparación con el 48% de los hombres (Chen 2010; IDRC 2010). Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres no sólo de tener un empleo informal, sino también de estar en las categorías más precarias y peor remuneradas del empleo informal. A menudo, estos trabajos ofrecen malas condiciones laborales que se ha demostrado que afectan su salud general. Las ocupaciones típicas de las mujeres en la economía informal incluyen la venta de cultivos excedentes como vendedoras ambulantes, trabajadoras agrícolas y trabajadoras de cuidados no alimentarios (limpiadoras, cocineras, etc.). América Latina es única en el sentido de que sus trabajadores domésticos representan una proporción significativamente mayor del sector del cuidado, entre el 30 y el 50% del sector del cuidado. Se considera que los empleados tienen empleos informales si su relación laboral no está, en la ley o en la práctica, sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o al derecho a determinadas prestaciones laborales (aviso previo de despido, indemnización por despido, pago anual o enfermedad). licencia, etc.) (OCED, 2019). Sin protección legal, continúa persistiendo la violación de los derechos de las mujeres a un trabajo y protección adecuados. 

Vulnerabilidades de las mujeres que brindan cuidados 

Las mujeres están sobrerrepresentadas tanto en las economías informales como en las no remuneradas de América Latina y el Caribe. Asumir más trabajo de cuidados que los hombres da lugar a jornadas significativamente más largas para las mujeres, añadiendo entre 6 y 30 horas de trabajo a cada semana (Ilahi, 2000). Esto limita su capacidad para participar en  

toma de decisiones a nivel social, político e incluso doméstico. Además, sus limitadas oportunidades de empleo los exponen a un mayor riesgo de precariedad laboral, inseguridad económica y dependencia financiera. Aunque un número creciente de mujeres en la región realizan trabajos remunerados, ya sea formal o informalmente, todavía no es equivalente a los ingresos de un hombre. Según el Banco Internacional de Desarrollo, la brecha salarial de género en América Latina se sitúa en el 29% (BID, 2023). En todos los países de América Latina, menos del 50% de las mujeres poseen una cuenta bancaria y más de una cuarta parte de las mujeres no tienen acceso a los ahorros del hogar (Banco Mundial, 2021). 

Dentro del sector agrícola, la falta de independencia financiera de las mujeres a menudo se ve exacerbada por la discriminación que limita su acceso a la tierra, a los préstamos y créditos, y a otros insumos agrícolas. A nivel mundial, las mujeres producían entre el 60% y el 80% de los alimentos y poseían menos del 10% de la tierra antes de las reformas legislativas que comenzaron en 1980 (Banco Mundial, 2020).  

Conclusión 

Hay varios factores que contribuyen a las desigualdades que enfrentan las mujeres, incluida la pobreza de tiempo, la informalidad laboral y la discriminación que les impide aumentar la productividad agrícola. Estas cuestiones tienen profundas implicaciones para la vida de una mujer individual y para la sociedad en general. Los economistas predicen que si se cerrara la brecha salarial de género, la productividad agrícola aumentaría e impulsaría el PIB mundial en un 20% (Banco Mundial, 2024). Como solo uno de los muchos cambios sociales necesarios, equilibrar las responsabilidades de cuidado resulta ser una vía prometedora para mejorar la independencia económica y la productividad global de las mujeres. 


Citas 

OECD/International Labour Organization (2019), “Definitions of informal economy, informal sector and informal employment”, in Tackling Vulnerability in the Informal Economy, OECD Publishing, Paris. 

Recognition of the property rights of women in Central America: Mission accomplished?. World Bank Blogs. (2024). https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/recognition-property-rights-women-central-america-mission-accomplished  

The missing piece: Valuing women’s unrecognized contribution to the economy. UNDP. (2024, March 8). https://www.undp.org/latin-america/blog/missing-piece-valuing-womens-unrecognized-contribution-economy  

Urquidi, M., & Chalup, M. (2023, March 20). The gender earnings gap in Latin America and the Caribbean: An analysis of its components. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/en/gender-earnings-gap-latin-america-and-caribbean-analysis-its-components  

Un IV Foro de Ministras de las Américas con enfoque en el financiamiento de los cuidados 

El IV Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas contó con un enfoque centrado en el «Financiamiento de los cuidados para el crecimiento económico y el desarrollo humano en los sistemas agroalimentarios de las Américas». Este panel consolidó discusiones previas y se centró en identificar áreas y sectores que requieren financiamiento para mejorar la economía de los cuidados, con un enfoque particular en el impacto en las mujeres rurales. 

La sesión contó con la participación de representantes del Banco Mundial, la Fundación Microfinanzas BBVA, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las participantes destacaron la necesidad de mantener un enfoque en áreas estratégicas como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género, señalando la importancia de invertir en cuidados infantiles para permitir a las mujeres rurales buscar y mantener empleos. Además, se enfatizó el apoyo a las mujeres emprendedoras mediante programas de capacitación, asesoría técnica y financiamiento, especialmente para mujeres jefas de hogar. 

Durante el panel, se compartieron ejemplos de programas exitosos. El BCIE, por su parte, invirtió 400 millones de dólares en programas de promoción de la igualdad de género. Por su parte, el BID presentó el programa «CUIDARTE» en Panamá y el Proyecto de Semillas de Apego en Colombia, diseñados para promover el desarrollo humano a través de servicios de cuidado. El Banco Mundial destacó sus iniciativas para la capacitación de mujeres emprendedoras y la priorización del cuidado infantil en las pymes, mientras que la Fundación Microfinanzas BBVA presentó programas de empoderamiento como la creación de redes de mujeres y familias y la oferta de microseguros para proteger a las mujeres durante el embarazo y en situaciones de vulnerabilidad. 

A pesar de estos avances, las participantes reconocieron la necesidad de ampliar y desarrollar aún más estos proyectos y programas. Para lograrlo, apuntaron que se requiere un mayor financiamiento y una conciencia creciente sobre la importancia de incorporar una perspectiva de género en todas las acciones. Como resultado, se establecieron metas específicas, entre ellas la alineación de acciones con un enfoque de género para 2025, un análisis más exhaustivo de proyectos en sus etapas iniciales y la adaptación de soluciones a contextos y necesidades diversas, particularmente en función de las diferencias geográficas y personales de las mujeres. También se propuso la incorporación del sector productivo y financiero en la transformación del sistema agroalimentario, mediante la creación de paquetes de financiamiento mixtos que involucren tanto al sector público como al privado. 

En conclusión, el IV panel del Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas resaltó la necesidad de financiar los cuidados para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo humano en los sistemas agroalimentarios. Se abordó la importancia de invertir en sostenibilidad ambiental y cuidado infantil, se reconoció la necesidad de más financiamiento y concienciación sobre la perspectiva de género, y se establecieron metas concretas para avanzar hacia un futuro más inclusivo y equitativo en las Américas. 

Panelistas del IV: Jyotsna Puri (FIDA); Laura Fernández (BBVA); Gloriana Jimenez (BCIE); María Teresa Villanueva (BID); Joanne Gaskell (BM)
Sofía Burgués, II Panelista del Banco Mundial

Derechos de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe

Introducción

Las mujeres de las zonas rurales son pilares de sus comunidades como líderes clave y tomadoras de decisiones. Representan una porción significativa de la población (10%), lo que hace que sus contribuciones a sus hogares, comunidades y al sistema agroalimentario mundial sean invaluables (FAO, 2017). Las mujeres rurales están representadas en varias facetas de la agricultura como agricultoras, recolectoras, pescadores, trabajadoras agrícolas y conservacionistas de los conocimientos agrícolas tradicionales. Sus contribuciones son aún más impresionantes en el contexto de las desigualdades que persisten para las mujeres rurales.

Desigualdades que enfrentan las mujeres rurales en el sector agrícola

Históricamente, las leyes y prácticas consuetudinarias dentro de la región han obstaculizado la capacidad de las mujeres rurales de acceder y controlar la tierra (FAO, 2020). Aunque las mujeres producen entre el 60% y el 80% de todos los alimentos en los países en desarrollo, poseen menos del 10% de la tierra; suele ser más pequeño y de peor calidad (Brito Bruno e Ivanovic Willumsen, 2019). Las disparidades entre los sexos en términos de productividad agrícola se ven exacerbadas por la falta de acceso a recursos productivos, activos clave y mercados. Las granjas dirigidas por mujeres tienen relativamente menos acceso a asistencia técnica/servicios de extensión rural, inclusión financiera y a mercados y canales de comercialización para su producción (FAO 2016, FAO 2017). Debido a esto, la productividad agrícola de las mujeres es menos de la mitad de la de los hombres (FAO, 1999).

A la inversa, la subrepresentación en algunas áreas lleva a su sobrerrepresentación en otras. Por ejemplo, las mujeres rurales están sobrerrepresentadas en las estadísticas sobre inseguridad alimentaria e ingresos medios. En América Latina, más de la mitad (67%) de las mujeres rurales empleadas ganan menos que el salario mínimo nacional (CEPAL, 2017). La movilidad económica está correlacionada con la inseguridad alimentaria. Aunque representan el 50% de la población de la región, las mujeres representan el 70% de las personas que pasan hambre en el mundo (FAO, 2020).

Las mujeres que trabajan en zonas rurales corren un riesgo especial de sufrir violencia y discriminación (abusos verbales, violencia física y sexual, acceso desigual a la propiedad, salarios desiguales, etc.) debido a las actitudes tradicionales con respecto a los roles subordinados y socialmente construidos de las mujeres que persisten en muchos países. comunidades rurales (Pispira, et. al, 2022).

Incluso cuando las mujeres rurales superan estos obstáculos, rara vez se reconoce su trabajo. La mayoría de las mujeres rurales clasificadas como inactivas en las encuestas de empleo tradicionales realizan trabajos que son invisibles para las estadísticas oficiales: como trabajadoras no remuneradas o productoras para el consumo de los hogares (CEPAL, 2019).

Marco Internacional para los Derechos de las Mujeres Rurales

Durante el último siglo, las organizaciones internacionales de derechos humanos y otros actores clave han reconocido que el progreso hacia la mejora y garantía de los derechos de las mujeres rurales radica, al menos en parte, en la eliminación de obstáculos legales. Los avances hacia la afirmación internacional de los derechos de las mujeres comenzaron con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de la Organización Internacional del Trabajo de 1951, con el establecimiento del derecho a igual remuneración por un trabajo de igual valor.

Más recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas presentó la Recomendación General No. 34 sobre los derechos de las mujeres rurales. Establece que las mujeres rurales tienen derecho a estar libres de discriminación y violencia, el derecho a determinar libremente su estatus político y el derecho a buscar, participar y beneficiarse libremente de su desarrollo económico, social y cultural. En los países que lo ratificaron, el tratado ha demostrado ser fundamental para oponerse a los efectos de la discriminación, la violencia, la pobreza, la falta de protección legal, la herencia, los derechos de propiedad y el acceso al crédito.

El artículo 6 del Borrador Avanzado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales reconoce varios derechos específicos clave para las mujeres rurales, incluidos la toma de decisiones, la atención médica, la autonomía y la privacidad, la generación de ingresos, la seguridad social, la capacitación y educación, acceso a la tierra y a los recursos naturales, violencia de género e igualdad en el matrimonio.

Marco de Derechos de las Mujeres Rurales en América Latina y el Caribe

El marco legal para garantizar los derechos de las mujeres rurales en la región de ALyC ha sido imperativo para que los países aprueben leyes, asignen presupuestos, fomenten el diálogo regional e internacional y responsabilicen a los gobiernos por el avance de la agenda que garantiza los derechos humanos. Varios países de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, tienen distintos alcances de protección para las mujeres rurales, que van desde leyes específicas hasta la protección del derecho a la participación. tanto en leyes específicas como sectoriales. Los tipos de protección incluyen la protección del derecho a la tierra, el agua y las semillas, el acceso a financiación, asistencia técnica y apoyo a la comercialización, y la promoción de la participación de las mujeres en los procesos regulatorios agrícolas y su gestión.

Dos ejemplos notables de esfuerzos regionales incluyen los del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina (FPH LAC) y el Caribe y la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Cómo las mujeres de la región ALyC pueden defender estos derechos

La declaración y el reconocimiento de estos derechos tienen el potencial de mejorar la vida de las mujeres en las zonas rurales. Sin embargo, el éxito general de los esfuerzos recientes dependerá del conocimiento que tengan las mujeres rurales de sus derechos y de las oportunidades para exigir acciones cuando hayan sido violados. Las desigualdades que enfrentan las mujeres suelen ser complejas. Sin embargo, las siguientes preguntas puede resultar útil a medida que las mujeres rurales, capaces y competentes, comiencen a participar en la autodefensa.

  1. ¿Cómo se ignoran tus derechos?
    • Demuestre claramente cómo una infracción de uno de sus derechos está afectando su productividad y calidad de vida.
  2. ¿Cuál es su objetivo al crear conciencia sobre esta violación?
    • ¿Cómo le gustaría que se corrigiera la injusticia? ¿Por qué es esta la mejor alternativa? ¿Cómo beneficiará esto a otros?
  3. ¿Con quién deberías hablar?
    • Esto puede incluir miembros de la familia o una pareja, líderes locales, figuras de autoridad en el trabajo, funcionarios de extensión, representantes electos, etc.
  4. ¿Qué podría interponerse en tu camino?
    • Anticipar las objeciones y prepararse para combatirlas con datos, hechos, afirmaciones objetivas, etc.
  5. ¿Qué evidencia puedes utilizar para exponer tu punto?
    • Tome notas de quién, qué, cuándo, dónde, cuánto y por qué.
    • Guarde cartas, fotografías u otras formas de documentación del problema.
    • Pídale a amigos, familiares, colegas y otras personas que escriban cartas que respalden su argumento.
  6. ¿Cómo hablarás?
    • Escribir una carta
    • Enviar un correo electrónico
    • Hacer una llamada telefónica
    • Pedir una cita
    • Únase a una organización
    • Vote por funcionarios electos que compartan sus creencias
  7. ¿A quién puedes acudir en busca de apoyo?
    • Familia, amigos, una iglesia, un grupo de apoyo, tu comunidad, una organización.

Cooperación Internacional promueve los sistemas de cuidados para mujeres rurales en el IV Foro de Ministras, Viceministras, y Altas Funcionarias de las Américas

La IV edición del Foro de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas, celebrado en el mes de agosto del 2023, se centró en la economía de los cuidados y el trabajo no remunerado de las mujeres rurales. Este encuentro incluyó un panel titulado “Acciones desde la Cooperación Internacional para el fomento de sistemas integrales de cuidados dirigidos a las mujeres rurales”, moderado por Maria da Conceição Dantas Moura, Subsecretaria de Mujeres Rurales, Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Brasil.

El panel contó con la participación de representantes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU Mujeres y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Estas instituciones se reunieron bajo el liderazgo del IICA con el objetivo de coordinar acciones dirigidas a mejorar y desarrollar iniciativas para promover sistemas integrales de cuidados para las mujeres rurales.

Durante el panel, se destacó que las redes de cuidados, que históricamente han recaído sobre las mujeres y son fundamentales para los sistemas de producción, social y familiar, han sido invisibilizadas, especialmente en las zonas rurales. Se abordó la necesidad de remunerar estos cuidados desde el mercado y de implementar políticas intersectoriales que integren esfuerzos a nivel internacional, nacional y local, garantizando su eficacia en las áreas rurales.

Entre las propuestas discutidas, se planteó la creación de indicadores para avanzar en una agenda de investigación que considere las experiencias y vulnerabilidades rurales, permitiendo así acciones conjuntas con cooperativas y asociaciones de desarrollo. Además, se enfatizó la importancia de orientar las políticas hacia una sociedad del cuidado transformativa e igualitaria, con un enfoque de interseccionalidad, y de empoderar a las mujeres rurales para que sean protagonistas en el cambio de las relaciones sociales y en la promoción de su autonomía.

Las recomendaciones incluyeron el desarrollo de políticas de sensibilización que promuevan la corresponsabilidad social y de género, la transversalización del cuidado en las políticas públicas de desarrollo rural, y el fortalecimiento del enfoque interseccional de género y la participación de jóvenes para alcanzar sociedades más igualitarias. También se sugirió la creación de una hoja de ruta para un sistema de cuidados con igualdad y la observación de intervenciones efectivas, como el acceso a la tenencia de la tierra y la protección social, incluyendo servicios de guardería en zonas rurales.

El panel concluyó destacando la importancia de abordar las políticas públicas desde una perspectiva local y con un enfoque interseccional, diseñadas específicamente para las mujeres rurales por ellas mismas. Asimismo, se subrayó la necesidad de crear instrumentos jurídicos que aborden y respondan a sus necesidades desde sus realidades territoriales.

Maria da Conceição Dantas Moura, Subsecretaria de Mujeres Rurales, Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Brasil
Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM/OEA